La Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de cargos y la aplicación de la detención preventiva a un contratista por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del proyecto de sanidad básica adelantado por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).
Fuentes del Ministerio Público (MP) revelaron que un juez de garantías del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) acogió la solicitud de la fiscalía e imputó cargos al contratista por incumplir la construcción de 196 unidades sanitarias en la comunidad de Viguí, corregimiento de La Palma, provincia de Veraguas, lo que ocasionó una lesión patrimonial por $114 mil.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual confirmó la existencia del contrato asignado al imputado, pero señaló que las obras nunca fueron concluidas. El informe también destacó que las unidades sanitarias estaban destinadas a las zonas más pobres de la provincia, donde se debía dotar a las comunidades de servicios básicos.
Esta es la primera imputación realizada en 2025 relacionada con irregularidades en el manejo de más de $8 millones asignados al programa de sanidad básica, cuya ejecución estaba prevista en distintas regiones del país.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se extienden por las provincias de Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde, entre 2014 y 2019, debían ejecutarse obras del programa promovido por Conades, muchas de las cuales no se concluyeron o se realizaron parcialmente.
En Los Santos, la fiscalía practicó diligencias en las comunidades de Bajo Guera, Corozal, Bahía Honda, La Mesa y Llano de Piedra. También realizó una inspección ocular en la sede de Conades en Las Tablas, en busca de documentación sobre los proyectos programados en ese distrito.
Mientras tanto, en la provincia de Herrera se efectuaron inspecciones en Ocú, donde se comprobó que ninguna de las obras previstas fue terminada. Uno de los contratos contemplaba la construcción de 279 unidades sanitarias en el corregimiento de Llano Grande, por un monto de $1 millón. Sin embargo, según la auditoría, se otorgó un anticipo del 20% sin que la obra fuera ejecutada, lo que generó un perjuicio económico al Estado estimado en $166,457.
Además, residentes de varias comunidades confirmaron que fueron contactados para la ejecución de las obras, pero estas nunca se concretaron.
Hasta la fecha, Conades ha presentado 22 denuncias y cuatro querellas, todas relacionadas con contratos no ejecutados del programa de sanidad básica.
En noviembre de 2024, el director de Conades, Antonio Tercero González, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por una serie de traslados de partidas. En esa ocasión, denunció que su despacho investigaba varios contratos por adelantos irregulares vinculados al programa.
