La fiscal anticorrupción Leyda Saénz solicitó una sentencia condenatoria para el exdirector general de Ingresos (DGI), Luis Cucalón, el comerciante Cristóbal Salerno y otras dos personas, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Durante un juicio celebrado el pasado 27 de septiembre, en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, la fiscal Sáenz alegó que en la investigación se acreditó la vinculación de Cucalón y el resto de los imputados con el delito de blanqueo de capitales procedente de fondos generados a través de presuntos actos de corrupción y el cobro de impuestos a través de la sociedad Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA). Este caso inició en el año 2015.
En marzo de 2023, la juez Agueda Rentería dispuso llamar a juicio a Cucalón y al resto de los imputados, teniendo como delito precedente el peculado y la corrupción. Cucalón ya fue condenado a la pena de 96 meses de prisión por actos de corrupción, precisamente de sus vínculos con CISA y Salerno.
En febrero de 2016, la Fiscalía Anticorrupción pidió enjuiciar a los investigados. La vista fiscal destacó el supuesto cobro de comisiones infladas al Estado por parte de CISA, que en cuatro años recibió $47.1 millones por el cobro de impuestos.
Durante sus alegatos, los abogados defensores solicitaron al tribunal dictar un fallo absolutorio al señalar que no había evidencias probatorias que acrediten el delito de blanqueo de capitales.
En este proceso también figuraban como imputados Dora Morales y Gustavo Cucalón.
En el desarrollo de la audiencia, el pasado miércoles, se presentaron cinco pruebas extraordinarias a la juez Rentería.
Desde agosto pasado, Cucalón goza de una medida cautelar de depósito domiciliario y uso de brazalete electrónico. Dicha medida le fue aplicada por un juez de cumplimiento debido a su avanzada edad y a que padece varias enfermedades crónicas certificadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que hacen inviable que cumpla su condena en prisión.
