Ante la “grave crisis institucional” que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la federación de estudiantes de esa casa de estudios superiores solicitó la separación del cargo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas.
A través de un comunicado, la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (FEUNACHI) sostuvo que la medida busca “garantizar la imparcialidad de los procesos y devolver la tranquilidad institucional” en medio de los cuestionamientos que enfrenta la universidad.
La FEUNACHI también pidió que se adopten las acciones necesarias para asegurar la continuidad de las clases y culminar el año lectivo, al señalar que esa debe ser la principal prioridad para el estudiantado.
“Los señalamientos recurrentes sobre irregularidades administrativas, la falta de transparencia y el deterioro de la calidad académica, servicios e infraestructuras han erosionado la confianza de nuestra comunidad. Hablar en voz de más de 20,000 estudiantes implica asumir una responsabilidad colectiva: no podemos quedarnos callados ante el descrédito que nuestra universidad enfrenta ante la sociedad”, expresó la federación en el pronunciamiento.
La solicitud de los estudiantes surge en medio de las diligencias e investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas anomalías administrativas dentro de la Unachi.
El pasado viernes, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, acudió a la Unachi como parte de una investigación relacionada con la homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.
Las pesquisas han identificado a unos 110 profesores que habrían presentado títulos emitidos por universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.
Además, uno de los temas que más ha generado cuestionamientos dentro de la Unachi son los elevados salarios que reciben algunos docentes y funcionarios, un factor que, según voces internas, ha contribuido a la crisis económica que enfrenta actualmente la institución.
Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a $5.8 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado.
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