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Estudiantes de derecho fracasan en examen de barra en la Corte

Estudiantes de derecho fracasan en examen de barra en la Corte
A través del acuerdo No 684 - 2023 de 23 de marzo de 2023 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso adoptar un programa de formación inicial para el ejercicio de la abogacía.

Solo nueve de los 150 estudiantes de derecho que realizaron el programa de formación para ejercicio de la abogacía impartido por el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial alcanzaron la calificación de apto para desempeñar la profesión de abogado.

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El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, calificó como “penoso” el resultado obtenido por los estudiantes de derecho que se sometieron al examen para poder ejercer como abogado.

Araúz informó que en este caso se trata de una prueba de conocimientos prácticos y éticos de derecho, que los estudiantes deben superar para obtener su idoneidad para el ejercicio de la abogacía.

A través del acuerdo No 684 de 23 de marzo del 2023 y publicado en la Gaceta Oficial del viernes 24 de marzo de ese mismo año, el Órgano Judicial dispuso aprobar un programa de formación inicial para el ejercicio de la abogacía y estableció un temario para realización de examen.

La duración del programa de formación para el ejercicio de la abogacía es de 160 horas semanales, en la modalidades presencial y virtual.

Para ser declarado apto para el ejercicio de la abogacía el estudiante deberá alcanzar un 20% en cada una de las cuatro secciones que abarca en el examen que son: elección de la respuesta correcta; con valor de 25%, una sección de cierto y falso (25%), otra de resolución de casos prácticos (25%) y un trabajo final 25%)

El temario de formación inicial incluye aspectos como introducción a la ética, ética jurídica, conceptos y fundamentos, principios de responsabilidad civil y penal, jurisdicción especial de integridad y transparencia, el ejercicio de la abogacía por medios electrónicos, derecho tributario y financiero.

También incluye derecho de los contratos, cumplimiento normativo para evitar el blanqueo de capitales, métodos adecuados para la solución de conflictos, derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre otras.



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