El abogado Mauricio Cort y García se presentó este viernes 30 de enero en el juicio por los sobornos de Odebrecht, como uno de los testigos estrella de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
El nombre de Cort es ampliamente conocido porque es considerado (en Panamá y en España) como “testaferro” de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, pero como ellos ahora son parlamentarios centroamericanos, constitucionalmente solo pueden ser procesados por la Corte, por tanto, no están en este juicio y ningún testigo puede invocarlos en la sala de la juez Baloisa Marquínez.
Así que la fiscalía presentó a Cort por sus vínculos con Federico José “Pepe” Suárez, que fue ministro de Obras Públicas en los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
Como parte de su acuerdo de colaboración y de pena (pactado en 2018), Cort ha brindado información sobre los pagos que recibió a favor de Suárez y cómo fueron transferidos desde la Banca Privada de Andorra (BPA) a Panamá. Igualmente, se le impuso pena de 48 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años; también entregó $1.6 millones.
Todo empezó con una liquidación...
Cort contó en el juicio que la mayoría de las transacciones las realizó a través de una empresa suya llamada Cort Business Brokers and Consultors, que operaba desde la BPA. En ese banco, ubicado en el principado de Andorra, Cort tenía tres cuentas. La relación con esa entidad bancaria inició en 2010, cuando se convirtió en cuentahabiente. Ahí conoció a la andorrana Cristina Lozano y al español Jaume Pamies, ambos trabajadores del banco. Ahora los dos son enjuiciados por la juez Marquínez.
Reconoció que recibió fondos de Aeon Group y Klinfield Services, dos sociedades utilizadas por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para canalizar los pagos ilegales.
Recordó que en el año 2010, Suárez -que entonces era ministro- le pidió que se encargara de la “liquidación societaria” entre su empresa familiar, denominada Grupo Suárez, y el “Grupo Martinelli”. Es sabido que Suárez y el expresidente eran socios en negocios de construcción. Según Cort, Suárez le pidió que parte de esa liquidación se pagara a través de la BPA y, posteriormente, le entregó un contrato ya suscrito para que funcionara como “soporte” de la liquidación, que se finiquitó en junio de 2012. Aeon y Klinfield formaron parte del proceso. Producto de la liquidación, Suárez recibió cerca de $4 millones, hasta el año 2013.
Cort indicó que recibió los pagos de Odebrecht a través de Loft Holding Inc., Inversiones Euro América y Rock Capital Group, entre otras sociedades que estaban bajo su tutela y control, pero beneficiaban a Suárez. Por ejemplo, la plata que llegó a Loft se utilizó para comprar un apartamento para el exministro en el PH Mediterráneo.
En cuanto a Euro América, a través de esta sociedad se hico el pago para adquirir un terreno en Costa del Este para desarrollar un proyecto inmobiliario, en el que supuestamente participaría el empresario Haralambos Tzanetatos (q.e.p.d.). Suárez le ordenó girar $1 millón a nombre de Euro América.
El contrainterrogatorio
Federico Suárez no estaba presente en la sala, aunque sí participó por Zoom. Su abogado Rosendo Miranda preguntó a Cort si las transacciones realizadas entre el Grupo Suárez y el Grupo Martinelli era una transacción común en el mundo de los negocios, a lo que respondió que sí.
Ante una pregunta de Miranda, Cort dijo que conoció a los “aforados” porque se le citó a una reunión en unas oficinas en Monte Oscuro, Río Abajo, donde está la sede de Importadora Ricamar. Se presume que los “aforados” son Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, hijos del expresidente Martinelli, otro acusado que siguió el desarrollo del juicio por Zoom, ya que está asilado en Colombia.
Cort dijo que se arrepiente de haber acudido a esa reunión y de las transacciones que llevó a cabo desde la BPA.
El motivo de aquella reunión era completar la referida liquidación societaria.
También contó que las transacciones inicialmente se hacían con Klinfield, pero luego Suárez le instruyó para que se utilizara a Aeon Group.
Igualmente, señaló que hubo transacciones que se realizaron con una sociedad que llamó “Harmony”, que tiene entre sus accionistas a Martinelli. Según su relato, con esa sociedad se hicieron cuatro pagos por un total de $4.2 millones, en el año 2013, para la compra de acciones a Prival Bank.
Miranda preguntó a Cort cuándo se enteró que estas sociedades estaban relacionadas con Odebrecht. Él contestó que lo sospechó a partir de la reunión en Monte Oscuro. Ahí también se le informó que la relación continuaría, aunque ya la liquidación se había completado.
“En ese momento, para mi ya no hacía sentido seguir esas operaciones”, dijo Cort, ya que si el agente pagador o deudor tenía una sociedad ya operativa en la BPA ya no había razón para requerir sus servicios.
También dijo que se enteró por los medios de comunicación que Klinfild y Aeon Group eran parte de la Caja 2 de Odebrecht.
Se despide el perito
Más temprano concluyó la participación en el juicio del perito Antonio Lin, otro testigo de la fiscalía.
Lin elaboró el informe de actuación financiera que presentó la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
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Lin, que fue capitán de la Policía, fue interrogado por Fernando Morales, abogado del acusado José Domingo Arias, quien fue candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) en mayo de 2014. Publicistas en Brasil han dicho que fueron contratados para trabajar en la campaña de Arias y que sus honorarios fueron principalmente pagados por Odebrecht.
Morales recalcó que el perito no tuvo acceso al informe de ingresos y gastos que la campaña de Arias entregó al Tribunal Electoral. En ese informe consta las donaciones. Supuestamente, Odebrecht entregó $4.4 millones a la campaña a través de Isagon Investment, otra empresa fachada utilizada por los operadores de la Oficina de Operaciones Estructuradas.
Morales preguntó al testigo si revisó los estados de cuenta de Isagon Investment, a lo que este respondió que no.
Por su parte, Sidney Sitton, abogado de la acusada Aurora Muradas, expareja de Martinelli Berrocal, interrogó al perito sobre los fondos que su defendida habría recibido de una sociedad ubicada en Antigua y Barbuda.
Muchas de las preguntas formuladas por Sitton fueron objetadas por la fiscal Thalia Palacios, por improcedentes y sugerentes.
En el expediente consta que con fondos de Odebrecht se pagaron compras personales de Muradas. Por ejemplo, $36,000 a la boutique Cartier y $85,000 a la Galería Habitante. Sittón insistió que el perito no pudo establecer que su clienta recibió el dinero, aunque en el expediente se indica que las cuentas las pagó Corporación Logística del Caribe, de Ramón Carretero. Carretero (quien también tiene acuerdo con la fiscalía) confesó que Riccardo Francolini le instruyó para que, con la plata de Odebrecht, se pagara lo que Muradás encargó en la boutique y en la galería.
Finalmente, Sitton preguntó al testigo si contaba con los registros bancarios de las cuentas manejadas por su cliente, a lo que este respondió que no.
