Cerca de $200 mil fue el monto que un grupo criminal logró sustraer a incautos ciudadanos que gestionaron la compra de residencias y propiedades a través de cuentas de redes sociales, en las cuales los presuntos estafadores utilizaban documentos que asemejaban ser de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati).
Ayer, tres jueces de garantías imputaron cargos a cinco personas por los delitos de falsificación de documentos, estafa agravada y asociación ilícita para delinquir, y se le aplicó la medida cautelar de detención provisional a uno de los implicados, así como la de reporte periódico a los otros cuatro.
Un total de 35 denuncias investigadas por el Ministerio Público —que suman $200 mil— revelaron la existencia de una estructura criminal que, a través de Facebook Market, colgaba mensajes en los que se anunciaba la venta de terrenos en diferentes puntos del país. Una vez que la víctima “mordía el anzuelo”, la red criminal citaba al comprador para realizar una visita a la propiedad. Luego, los imputados les mostraban a los compradores documentos de la Anati con los cuales simulaban el inicio del trámite de traspaso e, incluso, se presentaban ante una notaría para dar autenticidad al trámite.
Sin embargo, la investigación logró establecer que la mujer que llevó las supuestas escrituras a la notaría utilizaba un nombre falso y que los documentos de Anati que mostró tenían la firma falsificada, tal como lo aseveró la funcionaria que supuestamente los había firmado, cuando la fiscalía se los mostró. La funcionaria, que trabaja en Anati, aparecía con un cargo diferente al que actualmente tiene y dijo que esa no era su firma.
En uno de los casos, la red logró estafar $12 mil a una pareja que pretendía comprar una casa de Veracruz. Para solventar el trámite, los imputados lograron que una de las víctimas sacara parte del dinero de su jubilación y les entregara $5,000 como adelanto.
Durante una de las audiencias, la fiscalía reveló que dos de las imputadas, quienes supuestamente se dedican a la venta de comida, fueron quienes acompañaron a las víctimas para hacer el depósito del dinero. Sin embargo, días después de ocupada la residencia —supuestamente adquirida legalmente— apareció su legítimo dueño y exigió que abandonaran la propiedad.
El fiscal Aristides García, de delitos contra el Patrimonio Económico, detalló que la investigación contra esta red criminal se inició en 2025, tras llegar las primeras denuncias, y que al pasar del tiempo fueron apareciendo más víctimas.
El fiscal García reiteró que aún su despacho se encuentra en la fase de ubicación de otros presuntos integrantes de la red criminal. También explicó que se analizan documentos y registros bancarios para determinar la participación de cada uno de los investigados y su posible vinculación con otras estafas y fraudes denunciados en los últimos meses. Acotó que es posible que tras las audiencias realizadas surjan más personas afectadas por esta red criminal.
