Dos antiguos trabajadores de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron que esa entidad prestó servicios a Odebrecht para gestionar y ocultar el pago de sobornos a políticos y testaferros en varios países, incluyendo Panamá.
Se trata de los españoles Juan Cejudo Peña y Santiago de Roselló Piera. Ambos se presentaron como testigos este miércoles 4 de febrero, en el juicio que por blanqueo de capitales se lleva a cabo ante la juez Baloisa Marquínez.
Los dos declararon vía telemática, desde el consulado de Panamá en Madrid, España.
Peña tendría que haber testificado el día antes, pero eso no fue posible porque, aunque se encontraba en el lugar, en el consulado panameño se negaron a identificar al testigo. Para eso exigieron una nota escrita del juzgado, pese a que la comparecencia había sido acordada, agendada y notificada hace meses. La nota requerida finalmente fue enviada y recibida esta mañana en España.
Esta es una de las pruebas testimoniales solicitadas por los acusados Jaume Pamies y Cristina Lozano Bonet.
BPA Serveis
El primero en hablar fue Peña, quien laboró como subdirector del área de negocios y director general adjunto en la BPA de 2007 a 2010. En Panamá, el encargado de la filial era el andorrano Sergi Lucas Fernández, según declaró el testigo. No recuerda que existieran otras filiales en Latinoamérica.
Peña se refirió a BPA Serveis, una filial de BPA fundada en 2002, donde presuntamente se elaboró parte de la estructura financiera y societaria que sirvió para ocultar los dineros ilícitos. BPA Serveis tenía gestores de cuenta que prestaban el servicio de declaración de renta y otros más para sus clientes no residentes, lo que incluso podría implicar la compra de sociedades en Andorra u otros países. El testigo contó que cuando entró en vigor la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, hubo que hacer varias “adaptaciones”.
Lozano y Pamies, así como Fransec Pérez Gimenez (también acusado), están ligados a BPA Serveis y entre sus principales funciones estaba buscar y comprar las sociedades offshore que el banco ofrecía a sus clientes. Según la investigación, participaron en la triangulación para encubrir el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales.
Lozano y Pérez son andorranos y residen en el principado. Pamies es español, aunque también vive en Andorra. La actuación de los tres (que siguen el desarrollo del juicio vía Zoom) quedó documentada en las delaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y de los testaferros confesos de Frank De Lima, Danna Harrick y Ricardo Alberto Martinelli Linares. También aportó información Roberto Brin.
El testigo relató que los gestores de cuenta BPA Serveis proporcionaba a sus clientes servicios indirectos, como el suministro de sociedades para el manejo de fondos. El testigo explicó que el gestor de cuentas era la persona encargada de mantener la relación del cliente con el banco, donde había un departamento de cumplimiento que verificaba los trámites relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
También detalló que BPA Serveis adquiría sociedades en diferentes jurisdicciones; en Panamá, esto se gestionó a través de firmas como Alcogal y Arifa, entre otras. Cuando estalló la investigación de los Panama Papers, en 2016, se crearon ajustes ya que se habían adquirido 51 sociedades creadas por la firma que protagonizó aquel escándalo. Aunque no se refirió a ella por su nombre propio, se trata del extinto bufete Mossack Fonseca.
El testigo contó que laboró en BPA hasta su intervención, lo cual -según él- fue consecuencia de una nota de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que anunciaba actividades de blanqueo de capitales presuntamente cometidas por esa entidad. Esa nota instaba a otros bancos a no mantener relaciones con BPA. Andorra eventualmente ordenó la intervención de BPA.
Peña recordó que la denuncia fue posteriormente retirada, “aunque el daño ya estaba hecho”.
En marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó la intervención de las operaciones de la filial panameña y casi dos años después, en enero de 2017, su liquidación.
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo interrogó al testigo sobre lo ocurrido en su país luego de la nota del Departamento de Justicia estadounidense.
“En esta causa espuria estoy investigado y el caso aún está en proceso”, comentó.
También reconoció que Odebrecht no era cliente de BPA, pero sí sus directivos y que fueron estos los que pedían canalizar los pagos en distintas jurisdicciones, alegando razones de índole fiscal.
Alexander Allard, abogado de Fransec Pérez Gimenez, preguntó a Cejudo si conocía a su defendido. Dijo que este supervisó los negocios de BPA en Uruguay, especialmente el trabajo contable. Odebrecht tenía sociedades en Uruguay y el gestor que llevó a la empresa brasileña a ese país fue Andrés Alberto Sanguinetti (q.e.p.d.).
Cumplimiento
Cuando Cejudo terminó, llegó el turno de Santiago de Rosselló, auditor de profesión, quien laboró en la firma de auditores KPMG y, por esa razón, inició su vínculo con BPA. En 2012 se convirtió en director financiero y de auditoría interna de BPA.
El interrogatorio fue realizado por el abogado Roger Tejada, defensor de Cristina Lozano.
Rosselló confirmó que BPA Serveis ofrecía estructuras societarias de otras jurisdicciones a los clientes del banco, y que estaba dirigida por Lozano y Pamies.
Relató que estuvo a cargo de la oficina de cumplimiento de BPA, donde se encargaba de la verificación de nuevos clientes y las estructuras societarias solicitadas. Además, explicó que el banco estaba sometido a auditorías periódicas, que también incluían a BPA Serveis.
También se realizaba un análisis de los clientes políticamente expuestos.
Insistió que Odebrecht no era cliente directo de BPA, pero dijo que cualquier banco hubiera querido tener a la constructora como cliente.
El tercer testigo en subir al estrado fue Edgar Rubio Yates, un administrador de empresas, cuyo testimonio fue solicitado por Rolando Rodríguez, abogado del acusado Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, exministro de la Presidencia.
Rubio explicó al tribunal que por varios años trabajó como “coordinador” en las empresas de la familia Papadimitriu. Relató que el grupo adquirió una flota de aviones para transportar langosta, así como una empresa de venta de arena en el Puerto de Vacamonte, que se inició entre los años 2007 y 2008. Según él, los negocios eran manejados por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas de Papadimitriu, padres (ya fallecidos) del exministro.
La banquera (jubilada) Lía Margarita Lasso de Chiari también se presentó este miércoles como testigo de Papadimitriu. Laboró en banca privada y los Papadimitriu estaban entre sus clientes más importantes. También indicó que las decisiones las comunicaba Diamantis Papadimitriu.
El juicio se reanuda el jueves 5 de febrero, a las 8:30 a.m.
