El Ministerio Público (MP) se encuentra realizando una inspección ocular en la otrora concesión de Minera Panamá, S.A., como parte de una investigación por posibles delitos ambientales y otros.
La diligencia, a cargo del subsecretario general del MP, Azael Samaniego, y la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, es para recabar “indicios y rastros de presuntos delitos ambientales” en el proyecto minero, ubicado en Donoso, Colón.
#EnDesarrollo| La Procuraduría General de la Nación dirige junto a la Fiscalía Superior de Ambiente diligencia de inspección ocular en el proyecto minero ubicado en Donoso, Colón, como parte de investigación que se adelanta por la presunta comisión de delitos ambientales y otros. pic.twitter.com/M1NW1drfLP
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) January 4, 2024
En agosto de 2020, denuncias ciudadanas alertaron de la mortandad de peces y la contaminación de fuentes hídricas.
En la inspección de oficio y por denuncias ciudadanas −indicó Samaniego− también se encuentra personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la Dirección de Investigación Judicial para recabar información sobre las denuncias presentadas sobre afectaciones a fuentes hídricas, a la flora y fauna de la zona adyacente a la mina. Las muestras son recabadas por peritos de química, toxicología y biología forense, entre otros.
En el recorrido también participan funcionarios de los ministerios de Ambiente y Comercio e Industrias, así como trabajadores de la mina.
El pasado 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia anuló el contrato ley con Minera Panamá y el Estado, al considerar que hubo 25 violaciones a la Constitución. El pasado 2 de enero, el presidente Laurentino Cortizo indicó que luego de notificar a Minera Panamá sobre la finalización de las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, se presentó la “propuesta de hoja de ruta que incluirá la conformación del grupo técnico para la elaboración del plan de cierre final”.
El plan de cierre de la mina, dijo Cortizo, incluye un proceso de auditorías ambientales y técnicas a cargo de un equipo de profesionales idóneos nacionales e internacionales. También señaló que se tomarían “acciones necesarias para conservar y salvaguardar el ambiente, la seguridad de las instalaciones y las comunidades aledañas”.
