Cifras del Ministerio de Seguridad detallan que, de diciembre de 2021 a septiembre de 2022, la policía ha destruido 25 mil 277 armas de fuego recuperadas en diversos operativos y a través del programa de entrega de armas por bonos de comida, que desarrolla la Gobernación de Panamá. Sin embargo, a pesar del aparente éxito de las operaciones policiales, algunos expertos como el exjefe de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial, David Villarreal, aseguran que esta cifra revela la posible existencia de un tráfico ilegal de armas de fuego que ingresa por los diferentes puestos fronterizos.
Villarreal dijo que es necesario que a cada arma decomisada por los estamentos de seguridad se le haga una trazabilidad. Además, propone crear un banco de datos, a fin de establecer si han sido utilizadas en algún crimen y tratar de ubicar su procedencia.
En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada abrió una investigación tras detectar una red criminal cuyo modus operandi era introducir armas al país por partes.
Según la investigación de la fiscalía, las redes criminales utilizaban el servicio courier para la introducción de las partes de las armas, que luego ensamblaban en sitios en donde no podían ser detectados.
Las pesquisas de las autoridades han logrado establecer que, en ocasiones, los receptores de los envíos usaban identidades falsas para evitar ser descubiertos.
Reportes del portal InSight Crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe, revelan que esta es una técnica usada por los carteles mexicanos, que requieren de armas para proteger sus cargamentos de drogas.
