A puerta cerrada, sin acceso a periodistas ni transmisión en directo por redes sociales o televisión, avanza el segundo día del juicio por el caso Patrimonio Histórico.
Este proceso, derivado de la trama Odebrecht, sienta en el banquillo a nueve personas por el presunto sobrecosto en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo.
La diligencia judicial se celebra en la misma sala donde se llevó a cabo el juicio principal de Odebrecht, en el Palacio Gil Ponce, el cual concluyó el pasado viernes 27 de febrero; sin embargo, la conducción del proceso recae en la juez Águeda Rentería.
Este martes, la jornada se concentró en la intervención de dos testigos clave de la Fiscalía Anticorrupción: los auditores de la Contraloría General de la República, Ángel Susto y Virgilio Chacón.
Los abogados defensores centraron sus interrogatorios en desacreditar las bases de la auditoría estatal. Entre quienes interrogaron a los peritos destacan Rosendo Miranda, Ariel Núñez y Abril Arosemena, defensores dde Federico “Pepe” Suárez, Marcelo de la Rosa y Juan Manuel Vásquez, respectivamente.
El proyecto fue adjudicado a un consorcio integrado por la brasileña Odebrecht y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) cuando Suárez era ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El contrainterrogatorio giró en torno a las técnicas de auditoría forense y al cálculo del perjuicio económico. Los abogados formularon preguntas cerradas, orientadas no a que el testigo explicara, sino a que confirmara o negara una premisa específica.
¿Existieron realmente sobrecostos en la obra? ¿Considera usted que la comisión evaluadora cumplió sus funciones bajo el rigor de la Ley de Contrataciones Públicas?
La relevancia de estas consultas radica en que varios de los procesados por la fiscalía integraron dicha comisión evaluadora.
La defensa también cuestionó a los testigos sobre la mecánica administrativa de la época: los protocolos para la elaboración de contratos y el sustento legal de las adendas que elevaron el costo original del proyecto.
A las 11:32 a.m., la juez otorgó un receso de cinco minutos. En ese lapso, abogados e imputados abandonaron la rigidez de la sala para realizar llamadas, beber café o buscar aire fresco en las faldas del Cerro Ancón, antes de retomar la fase de pruebas testimoniales.
Habla la fiscal
Otro receso se decretó pasadas las 12 mediodía para el almuerzo. En ese momento La Prensa conversó con la fiscal Ruth Morcillo, quien lidera el equipo del Ministerio Público en el juicio.
Con la pausa reglamentaria como telón de fondo, Morcillo hizo un balance de lo que ha ocurrido hasta el momento, una etapa crucial para la causa.
Narró que tras haber superado el lunes 2 de marzo la lectura del auto de apertura y los testimonios iniciales, el foco se trasladó este martes a la base técnica de la acusación con los informes de la Contraloría.
De los tres especialistas que originalmente confeccionaron las auditorías, solo dos pudieron presentarse ante el tribunal; el tercero falleció antes de ver el caso llegar a juicio.
Contó que los auditores desgranaron la metodología que utilizaron para ponerle nombre y cifra al documento. Explicaron, añadió la fiscal del caso, en qué consistieron esos sobreprecios que hoy tienen a los implicados en el banquillo de los acusados. Aunque no ahondó en detalles.
En la tarde, el turno le correspondió al perito Aristides Hernández, encargado del análisis económico, quien deberá terminar de armar el rompecabezas financiero del caso.
Este perito comparece a pedido del Ministerio Público para explicar el uso del “factor multiplicador”, una pieza clave en la ingeniería financiera del proyecto. Según la fiscalía, esta fórmula sirvió para fijar los costos de los seguros y las garantías de las obras.
Según el análisis de Hernández, tras evaluar el costo racional del proyecto, las cifras confirman que, en efecto, se dieron sobrecostos.
