Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y validó dos acuerdos de pena de 60 y 48 meses de prisión contra otras dos personas, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos.
Todos formaban parte de una red que manipulaba la plataforma e-Tax, utilizada para la tramitación de impuestos y gestiones tributarias, entre ellas el manejo de créditos fiscales.
Durante una audiencia que culminó la noche de este jueves, la jueza América Vergara decretó la detención provisional de los tres exfuncionarios de la DGI y de una mujer, señalados por la Fiscalía Anticorrupción de alterar la plataforma e-Tax para desviar fuertes sumas de dinero en beneficio propio.
La jueza fundamentó la medida en el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos cometidos en perjuicio del Estado y el peligro de destrucción de pruebas.
Asimismo, validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para una exfuncionaria y de 48 meses de cárcel para un particular, quienes aceptaron los cargos imputados por la fiscalía.
De acuerdo con la investigación, este grupo alteraba la información electrónica de los registros sobre pagos de créditos fiscales y desviaba el dinero hacia terceras personas.
🚨 #PGNContraLaCorrupción
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 11, 2025
Seis personas, entre ellas 3 exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), 1 funcionaria de la DGI y 2 particulares (todos familiares de una exfuncionaria de la DGI), fueron aprehendidas en la #OperaciónPublicano 👇🏻 pic.twitter.com/eXhl2aBq8h
Las diligencias revelaron, además, que la red sostenía reuniones frecuentes en reconocidos hoteles de Chitré y Los Santos, donde se realizaba la repartición del dinero, casi siempre en efectivo, para no dejar rastros.
La fiscalía también determinó que con los fondos obtenidos ilegalmente se compraron viviendas y automóviles valorados en varios miles de dólares. En algunos casos, el dinero era entregado a familiares que actuaban como testaferros.
Hasta ahora, las autoridades han detectado irregularidades por unos 17 millones de dólares, aunque estiman que el monto podría alcanzar los 80 millones, en perjuicio del Estado.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada en la provincia de Los Santos, la cual permitió abrir las pesquisas sobre el manejo de la plataforma e-Tax.
