La juez de garantías Keila Martínez concedió una extensión de cuatro meses a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para concluir la investigación contra los dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.
Los dirigentes son procesados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documentos y la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.
En una audiencia celebrada ayer martes en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la juez accedió a una solicitud presentada por el Ministerio Público.
Al sustentar su resolución, la juez indicó que la prórroga se ajusta a lo establecido en los artículos 502 y 504 del Código Procesal Penal y responde a la necesidad de garantizar una investigación objetiva, completa y desarrollada dentro de un plazo razonable.
La Fiscalía mantiene pendientes diversas diligencias investigativas, entre ellas la obtención de información bancaria relacionada con 663 cheques, la extracción y evaluación de datos contenidos en 50 dispositivos electrónicos, así como la revisión de documentación vinculada con el proceso.
El pasado 14 de mayo, un juez de garantías había rechazado la petición de la Fiscalía de extender el plazo de investigación, pero la solicitud fue presentada en esta ocasión con nuevos argumentos por parte del Ministerio Público.
Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A. (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores del proyecto Red Frog, que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008, la cual fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Tras la huelga, Pillar Construction fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para que les entregara las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.
