Luego de casi dos meses, este viernes 13 de mayo de 2022 concluyó la audiencia preliminar a 540 personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos durante el proceso de compensación de buses iniciado en el 2010 para dar paso al servicio de Metrobus.
La jueza primera liquidadora Agueda Rentería se acogió al término de 30 días para decidir si acoge la solicitud de las fiscales anticorrupción Anilú Batista y Kyra Tascón, que solicitaron llamamiento a juicio para los imputados.
La fiscal Batista precisó que durante la audiencia se presentó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se estableció la existencia de una lesión patrimonial de $24 millones.
Batista recalcó que en este caso se formularon cargos a funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), de la Contraloría, transportistas, a representantes de las concesionarias de transporte y particulares que se beneficiaron “ilegalmente” de los fondos asignados por el Estado para la compensación de los buses tipo diablos rojos.
La fiscal reveló que durante la audiencia se presentaron 44 recursos de nulidad, 278 de prescripción y siete solicitudes de cambio de medidas cautelares que deben ser resueltas por la jueza.
En la audiencia participaron 164 abogados particulares y 18 de la defensa pública, quienes alegaron la inocencia de sus representados.
Algunos de los abogados alegaron que en este proceso se produjo el fenómeno de prescripción de la acción penal, ya que han transcurrido 22 años de los hechos y que el lapso de tiempo supera el máximo de la pena aplicable.
La audiencia se celebró en la Arena Roberto Durán, por el gran número de imputados y abogados involucrados en el proceso.
