Un informe de la fundación InSight Crime, dedicada al estudio de la amenazas de la seguridad ciudadana, reveló que la provincia de Colón a pesar de albergar solo el 7% de la población del país en el año 2022 aportó el 21% de los homicidios a nivel nacional.
En 2022, de los 501 homicidios de todo el país, 104 se registraron en la provincia de Colón, de acuerdo a datos del Ministerio Público.
Según el informe, el hecho de ser uno de los sitios usados por narcotraficantes como punto de conexión para el transporte de la droga hacia Estados Unidos y Europa convierte a Colón en uno de los focos sensibles para los estamentos de seguridad del Estado.
Estos informes indican que en la provincia de Colón se produjeron crímenes indiscriminados cometidos en escenarios públicos como hospitales y escuelas por la disputa de territorios de pandillas que buscan el control de la venta de drogas.
Además, detalla que en los puertos ubicados en la provincia se realizan constantes decomisos de cargamentos de droga dentro de contenedores. Cifras estadísticas del Ministerio Público detallan que, en los primeros tres meses del año 2023, en Colón se registraron un total de 23 homicidios, solo superado por áreas como Panamá con 51 y San Miguelito con 36.
Mientras que en el 2022 en los tres primeros meses en Colón registraron 24 homicidios y en el 2021 en ese mismo período hubo 28 asesinatos.
Tanto el ministro de Seguridad, Juan Pino, como el director de la Policía Nacional, Jhon Dorheim, alegan que el 80% de los asesinatos ocurridos en Colón tiene relación con el tráfico de drogas.
El Ministerio Público ha detectado que en la provincia hasta el 2022 operaban unas 26 pandillas relacionadas con actividades de venta y distribución de drogas, robos y homicidios.
En el año 2021, a través de la operación Fisher, las autoridades desmantelaron una estructura criminal dedicada a la contaminación de contenedores con drogas. En ella se detuvo a 57 personas y se decomisaron $10 millones.
Desde hace dos años el Ejecutivo, por medio de Pino, presentó a la Asamblea un proyecto de ley de extinción de dominio contra los bienes del crimen organizado, pero la semana pasada la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, lo archivó.
