A pocos días de la celebración del juicio Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Jaime Lasso, uno de los 23 imputados en ese caso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del pago de coimas por parte de la empresa brasileña. Lasso intentaba ser excluido del proceso.
La defensa de Lasso buscaba que la Corte dejara sin efecto la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Anticorrupción el 1 de septiembre de 2017, alegando supuestas violaciones al debido proceso. Sin embargo, la máxima corporación de justicia, con la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López), decidió no acoger el recurso.
Los magistrados de la Corte argumentaron que el amparo de garantías constitucionales es un recurso destinado a la defensa de los derechos constitucionales, y en este caso no se observa violación de dichos derechos.
Previamente, Erasmo Muñoz, abogado de Lasso, había presentado un incidente de nulidad contra la resolución en la que se ordenó la indagatoria de Lasso, pero dicho recurso fue negado por la jueza Baloisa Marquínez.
A Lasso, quien fue parte del comité de finanzas del Partido Panameñista, se le acusa de haber recibido fondos de Odebrecht, los cuales fueron entregados a la campaña política del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también figura en este proceso. Sin embargo, debido a su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), será procesado por la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Lasso ha reiterado que el Ministerio Público ya investigó sus movimientos financieros entre los años 2008-2009, tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que dicho proceso fue cerrado porque se demostró que los fondos recibidos de Odebrecht, a través de la Fundación Don James, fueron declarados ante el Tribunal Electoral como “donaciones”.
Esos fondos se recibieron para la campaña de Varela, quien en 2019 fue elegido vicepresidente en una nómina encabezada por Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra asilado en Colombia, pero ya fue notificado del juicio que debe iniciar el próximo lunes 12 de enero.
Según la investigación del Ministerio Público, los pagos de Odebrecht a la campaña de Varela llegaron a la Fundación Don James a través de las sociedades V-Tech y Poseidón Enterprises, todas vinculadas a Lasso.
El juicio Odebrecht ha sido pospuesto en seis ocasiones por diversos motivos, entre ellos la ausencia de una serie de asistencias judiciales solicitadas a las autoridades brasileñas sobre la participación de directivos de Odebrecht en el esquema de corrupción montado para la obtención de contratos de obras de infraestructura.
La empresa Odebrecht tampoco ha cancelado una multa de $220 millones acordada tras su aceptación de haber entregado coimas a funcionarios panameños para obtener contratos de obras de infraestructura. La empresa alega haberse quedado sin fondos, lo que le impide hacer frente al pago de la multa, pese a las reiteradas órdenes de los jueces de cumplimiento para que cancele la totalidad de la multa impuesta.
