Los abogados defensores intentaron poner en entredicho el informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que detalla los pagos, cheques, bancos, sociedades y contratos ficticios utilizados por la constructora Odebrecht para repartir sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño.
La constructora, desde diciembre de 2016, reconoció públicamente que pagó al menos $788 millones a funcionarios, políticos y testaferros de 12 países, incluyendo $59 millones en Panamá. Con el tiempo, se advirtió que esa cifra sería superior.
En la tarde de este jueves 29 de enero, el perito (jubilado) Antonio Lin se presentó, por segundo día consecutivo, como testigo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el juicio que se desarrolla en el tribunal de la juez penal Baloisa Marquínez.
Anteriormente, Lin había atendido las preguntas de la fiscal Thalía Palacios. Pero por la tarde, la fiscalía anunció que había terminado. Tocaba entonces entrar a la fase del contrainterrogatorio. La lista de abogados anotados para intervenir era larga. Venían con una clara estrategia: querían que respondiera de dónde había sacado cada dato, nombre, cifra o cita. Es oportuno recordar que el expediente de Odebrecht tiene más de un millón de fojas repartidas en 2,829 tomos. Hubo momentos en que Lin no podía recordar o encontrar el documento del que había obtenido el dato original.
La primera en realizar el contrainterrogatorio al testigo fue Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka. Ella quiso saber si Lin había obtenido información contable que confirmara los datos entregados por la fiscalía, a lo que el perito respondió que no.
Lin también reconoció que Bhatka tenía acciones en Silver Wing. Un helicóptero adquirido con fondos aportados por Odebrecht fue puesto a nombre de esta sociedad. En el expediente consta que la tenedora del 100% de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, una empresa de la familia Martinelli. No obstante, McDonald le pidió al perito que leyera en voz alta una certificación que indica que Bhatka tiene acciones en Silver Wing.
Por su parte, Gilberto Pérez, abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas, cuestionó al perito porque, según él, no logró establecer la procedencia de los fondos atribuidos a su cliente y tampoco revisó si estos se originaron en fuentes distintas a las anotadas en el informe de actuación financiera.
Por otro lado, el perito admitió ante Rosendo Miranda, abogado del exministro de Obras Públicas Federico Suárez, que hubo un error en la valoración de algunas de las informaciones incluidas en el informe de actuación financiera elaborado por él. Reiteró que Loft Holding Inc., de la que Federico Suárez era propietario de un tercio, recibió fondos de Odebrecht, aunque reconoció que nunca analizó sus estados de cuentas.
Luego llegó el turno de Alfredo Vallarino, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, quien quiso cuestionar hasta la idoneidad del perito. Ante las insistentes preguntas de Vallarino sobre si había revisado los estados financieros o libros contables de las sociedades ligadas a Martinelli, el perito señaló que basó su informe en la documentación que aportó la fiscalía al expediente.
Dijo que también utilizó fuentes abiertas y se apoyó en el sistema electrónico Drousys, que era utilizado por los operadores de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para canalizar las coimas a través de una red de sociedades, cuentas bancarias y apodos.
Lin explicó que tardó cinco años en completar el informe de actuación financiera y que ha elaborado entre 10 y 20 informes similares, los cuales ha sustentado en juicio oral. El día anterior, contó que era contador público autorizado y que había completado su formación mediante la cooperación de Estados Unidos, Países Bajos y organismos internacionales dedicados al combate del blanqueo de capitales y la delincuencia organizada.
Vallarino interrogó al perito sobre los fondos que Martinelli recibió de Caribbean Holding Services el 13 de enero de 2009, cuando no era presidente de la República. El perito dijo que no verificó su condición en ese momento ni los libros de acciones de Importadora Ricamar.
Caribbean Holding es una sociedad controlada por el cuñado de Martinelli, Aaron Ronny Mizachi, quien la semana pasada fue excluido del juicio en virtud de un fallo del Primer Tribunal Superior de septiembre de 2025. El fallo fue apelado por la fiscalía.
En cuanto al acusado Jaime Lasso, el perito respondió que no conocía sus antecedentes bancarios o laborales, atendiendo una pregunta del defensor Erasmo Muñoz.
El perito reconoció que los fondos que la Fundación Don James, controlada por Lasso, recibió de Odebrecht en 2009, fueron utilizados en la campaña política del Partido Panameñista. Lin también dijo desconocer la relación comercial entre Lasso y Ramón Carretero. Según la investigación, este último facilitó una sociedad para recibir fondos provenientes de Odebrecht. Carretero, que tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía, dijo que vendió mercancía (juguetes, bicicletas, artículos promocionales) a Lasso por $3.6 millones y que no sabía que el pago se hizo con fondos desembolsados por Odebrecht.
