El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales desestimó dos recursos de nulidad presentados por el exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez y el abogado Mauricio Cort, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con proyectos de reordenamiento vial asignados a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Odebrecht.
Mediante los edictos N° 1,381 y 1,297, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, decidió negar los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Suárez y Cort.
En ambas resoluciones, el juzgado concluyó que no se han vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 1,946, 1,947, 1,948 y 1,950 del Código Judicial, que establecen los requisitos para la declaratoria de nulidad dentro de un proceso penal.
Suárez y Cort figuran entre los procesados por el delito de peculado, en relación con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a la construcción de los tramos 1 y 2 del Corredor Vía Brasil, así como al proyecto de reordenamiento vial del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Las investigaciones vinculadas al Corredor Vía Brasil, tramos 1 y 2, se iniciaron el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato suscrito entre FCC y el MOP en julio de 2011 existió un sobreprecio de $41.7 millones, equivalente al 19.3% del valor contractual. El precio final del proyecto, impulsado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, ascendió a $216.3 millones, cuando el monto razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.
En tanto, el proyecto de preservación del Casco Antiguo, adjudicado a Odebrecht por casi $255.5 millones, presenta un presunto sobreprecio de $51.5 millones, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Estas causas han enfrentado múltiples incidentes procesales, lo que ha provocado la paralización de diligencias durante varios meses. Además, se solicitaron asistencias judiciales internacionales que prolongaron aún más las pesquisas.
En uno de los episodios, un tribunal superior desestimó las declaraciones de varios exdirectivos de FCC, obtenidas mediante asistencia judicial a España, al considerar que la jueza no era competente para admitirlas, dado que el expediente se encontraba pendiente de un recurso de acumulación que debía resolverse en otro despacho judicial.
Varios abogados defensores solicitaron la acumulación de todos los procesos relacionados, petición que fue rechazada en primera instancia, pero apelada ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Asimismo, se ha pedido la práctica de múltiples diligencias ante el MOP y otras entidades estatales vinculadas a los proyectos de reordenamiento vial en la ciudad de Panamá.
Las defensas también han sostenido que los procesos deben ser declarados nulos, al alegar que la Fiscalía excedió los plazos legales de investigación sin autorización judicial y que se produjeron múltiples violaciones al debido proceso.
