La fiscal anticorrupción Joana Osorio reveló que, entre los años 2019 y 2024, la Junta Comunal de Belisario Porras fue utilizada para el desvío de fondos entregados a través del Fondo de Asistencia del Gobierno Central, enfocado en ese momento en la atención de la población afectada por la pandemia de covid-19, con una lesión patrimonial de $7.3 millones.
La fiscalía sostiene que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios de la junta comunal recibieron 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, respectivamente, por montos que iban desde $130 mil, $117 mil, $107 mil y $86 mil por supuestos servicios prestados a la Junta Comunal de Belisario Porras.
La auditoría sostiene que $7 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los que no existe registro alguno. La fiscalía alega que no hay documentos que sustenten esos desembolsos.
La fiscalía pudo establecer que unas 240 personas recibieron parte de estos fondos sin que, hasta la fecha, exista un solo documento que detalle el servicio prestado a la comunidad.
La fiscal también explicó que el fallecido representante de Belisario Porras, César Caballero, realizó hasta 36 peticiones a la Autoridad Nacional de Descentralización que superaban los $100 mil para la supuesta ejecución de obras en ese corregimiento.
Durante la investigación, la fiscalía contabilizó un total de 4,034 cheques emitidos sin contratos y entregados sin evidencias de labores realizadas que justificaran su desembolso..
La jueza de garantías Massiel Ruiz, en una audiencia celebrada el pasado jueves, acogió la imputación presentada por el Ministerio Público contra Yileikis Ramírez, Yazmín Rebolledo y Heidi Torres, a quienes aplicó la medida cautelar de detención provisional.
También imputó a Yibelis Rojas, a quien le aplicó la medida cautelar de reporte los días 15 y 30 de cada mes, además de la prohibición de acercarse a las instalaciones de la Junta Comunal de Belisario Porras.
Mientras tanto, para las imputadas Elena De Gracia y Prudencia Rojas aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario. Asimismo, ordenó reporte periódico una vez por semana para Jakeline Morales.
Esta es una de las 300 investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción adelanta por presunta malversación de fondos y peculado relacionados con recursos de la descentralización durante el período 2019-2024.
La Fiscalía Anticorrupción ha realizado hasta ahora unas 70 audiencias relacionadas con procesos por peculado vinculados al uso de fondos en juntas comunales.
La fiscalía remitió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) un listado de 70 juntas comunales y alcaldías bajo investigación, con el fin de ubicar a exfuncionarios presuntamente responsables del manejo de esos fondos.
Hasta ahora se han imputado cargos a unas 35 personas, entre exrepresentantes y extesoreros que estaban a cargo de administrar recursos de la descentralización.
