Ali Zaki Hage Jalil, extraditado desde Venezuela por su vínculo con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, que dejó 21 muertos en 1994, ya había sido detenido en Panamá meses después del atentado.
Aquella vez lo dejaron libre.
El 9 de octubre de 1994, autoridades panameñas lo detuvieron con ametralladoras tipo Mini Mac calibre 9 milímetros. El caso no avanzó en la jurisdicción penal. Fue remitido a la esfera administrativa y Zaki recuperó la libertad.
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No hay constancia en los expedientes revisados de que esa detención esté formalmente vinculada con la investigación por la explosión del avión de Alas, pero el hombre aprovechó la oportunidad y se esfumó.
El proceso por tráfico de armas estuvo a cargo de Carlos Augusto Herrera, fiscal auxiliar de la República en aquella época.
Los dos sospechosos detenidos en Paso Canoa
Cinco días después del atentado, el 24 de julio de 1994, otros dos hombres cayeron en el paso fronterizo de Paso Canoa, cuando intentaban ingresar a Costa Rica.
De acuerdo a información disponible en el Registro Judicial, se trataba de Mohammad Taha y Mohammad Moutan. Moutan portaba un pasaporte estadounidense falsificado a nombre de Midiam Fadel Shawar.
El uso de identidades falsas coincide con el patrón detectado en la investigación, que tenía como figura central a un pasajero registrado bajo el nombre de Ali Hawa Jamal.
En los documentos judiciales de la época, ese nombre aparece como el de la persona que “presumiblemente habría activado el artefacto” dentro de la aeronave. Su cuerpo nunca fue reclamado y por años permaneció en la morgue judicial.
La propia investigación, sin embargo, dejaba abierta la principal incógnita: la identidad real de ese pasajero no había sido establecida.
De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, luego del atentado, todos los pasajeros fueron reconocidos salvo uno, Ali Hawa Jamal.
La Fiscalía Auxiliar vinculó a Taha y Moutan con el atentado. Los señaló como simpatizantes de grupos armados del Medio Oriente, entre ellos la Organización para la Liberación de Palestina, y ordenó su detención preventiva en septiembre de 1994 por delitos de peligro común y atentado contra los medios de transporte.
El caso no prosperó.
En abril de 1995, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la detención de ambos. La sentencia estableció que transcurridos varios meses, la investigación no había incorporado nuevos elementos de prueba. No bastó la sospecha. Taha fue puesto en libertad; Moutan quedó a órdenes de la fiscalía únicamente por falsificación de documentos.
Casi 32 años después, esos nombres reaparecen en el expediente.
La Fiscalía Superior de Descarga mantiene cargos contra Mohammad Taha y Mohammad Moutan, junto a Gilberto Tomás Yangüez y el propio Zaki Hage Jalil.
Se desconoce el paradero de los dos primeros. Se presume que Yangüez está en Panamá.
Argentina pidió información
La investigación panameña llamó la atención de la justicia argentina desde temprano.
El 18 de julio de 1994, un día antes de la explosión del avión en Panamá, un atentado destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, matando a 85 personas.
La cercanía temporal entre ambos ataques activó alertas.
En 1995, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Argentina envió un exhorto diplomático a Panamá dentro del proceso Pasteur 633-DAIA. El tribunal pidió acceso a piezas del expediente panameño y formuló preguntas puntuales. Entre ellas, si se había logrado establecer la verdadera identidad de Ali Hawa Jamal, si existían pruebas que vincularan a ese nombre con Taha y Moutan, y cuáles eran las conclusiones periciales sobre la carga explosiva.
El exhorto también recoge que, según comunicados atribuidos a los propios responsables, ambos atentados habrían sido reivindicados por el grupo Anssar Allah. La justicia argentina buscaba confirmar si existía una conexión operativa.
La Corte Suprema de Justicia declaró viable la solicitud. En los documentos disponibles revisados por La Prensa no consta cuál fue la respuesta enviada a Buenos Aires.
Ali Hawa Jamal
Los expedientes de los años noventa no mostraban una autoría consolidada. La línea principal giraba en torno a Ali Hawa Jamal, un nombre sin identidad confirmada.
La detención de Taha y Moutan tampoco permitió sostener la hipótesis inicial. La Corte Suprema cerró esa vía por falta de pruebas.
La investigación continuó sin lograr fijar con certeza quién estaba detrás del atentado ni cómo se articulaban los vínculos entre los sospechosos.
El giro, 3 décadas después
El caso se reabrió en 2017 a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga.
“El hombre que llevaba el explosivo, había viajado al menos ocho veces en una semana, entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado, siempre con pasaportes falsos, de quien no se pudo recoger antecedentes de vida porque “no conocía a nadie”, no hablaba inglés, ni español. Era de cabello negro, 1.80 metros de estatura”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa.
En 2020 el FBI emitió una nota de búsqueda de Ali Zaki Jalil en la que lo presentó como una persona que podría tener información sobre este atentado. “Era un paracaidista entusiasta que viajaba a muchos países. Jalil era propietario de varios bares en la isla Margarita, Venezuela, y es posible que haya vivido ahí”, se lee en el aviso.
En octubre de 2024, el Programa de Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice, RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció $5 millones a cambio de información de cualquier persona vinculada al atentado terrorista, incluyendo a Ali Zaki.
En noviembre de 2025, autoridades venezolanas lo detuvieron en isla Margarita. No se escondía. Tenía una tienda de artículos deportivos, una discoteca, manejaba un todoterreno marca Hummer.
El lunes 20 de abril de 2026 llegó a Panamá en un vuelo directo de Copa Airlines desde Caracas, en una operación coordinada con agencias internacionales.
