Las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público sobre los fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entregados a las juntas comunales del país entre 2019 y 2024 revelan un desgreño que, hasta ahora, ha dejado una lesión patrimonial de $51 millones y 151 personas imputadas.
Las investigaciones realizadas indican que los programas de Desarrollo e Interés Social (PDIS) y de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) se convirtieron en herramientas a través de las cuales los representantes de corregimiento, tesoreros municipales, particulares y funcionarios lucraron con dinero que estaba supuestamente destinado a programas de interés social.
La fiscal anticorrupción Digna Castillo reveló que en el caso del PDIS, creado durante la pandemia de covid-19 para dar asistencia a las familias necesitadas, los representantes de corregimiento, a través de las denominadas planillas cashback entregaron fondos en salarios de hasta $2,000, monto que en su mayoría era devuelto a los propios representantes.
Castillo explicó que otra modalidad detectada durante la investigación era que los representantes promovían la realización de algún proyecto, elevaban el costo de los materiales y, en acuerdo con algunos comerciantes, se dividían el monto añadido a los insumos.
La fiscal Castillo detalló que la Autoridad Nacional de Descentralización envió al Ministerio Público un total de 335 denuncias por presuntas anomalías en el manejo del PDIS, de las cuales 80 tenían informe de auditoría y en 48 de ellas se informaba de una lesión patrimonial.
En este caso, la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, recibió fondos por un monto de $8 millones 098 mil, y la de Barrio Norte, en Colón, recibió $6 millones 987 mil, siendo estas las que mayor cantidad de recursos obtuvieron.
Les siguen las juntas comunales Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, con $5 millones 585 mil; Salud, en Colón, con $4 millones 675 mil; y David Cabecera, en la provincia de Chiriquí, con $4 millones 443 mil.
En las juntas comunales antes mencionadas se han formulado cargos a representantes de corregimiento, extesoreros y otros exfuncionarios que manejaron dichos recursos.
En el caso de PDIS se han formulado cargos a 118 personas, de las cuales 17 están detenidas provisionalmente, 16 están con depósito domiciliario, 82 con medidas cautelares de notificación periódica. Al resto no se le aplicaron medidas cautelares.
A lo largo de la investigación, la fiscalía también ha encontrado que, en ocasiones, los fondos eran enviados a comunidades que no pertenecían al corregimiento al cual supuestamente estaban destinados, es decir, que no había un control ni supervisión sobre estos recursos.
La auditoría sostiene que los recursos fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los que no existe registro alguno. La fiscalía sostiene que no hay documentos que sustenten esos desembolsos.
Mientras tanto, en la investigación sobre el programa Piopsm 33 personas se encuentran imputadas. De ese total, una persona se encuentra detenida provisionalmente, cuatro están en retención domiciliaria y 24 con medidas cautelares de reporte periódico o impedimento de salida del país. Al resto no se le aplicaron medidas cautelares.
Para inicios de 2027 se tiene previsto dar inicio a la fase intermedia en 11 de estos casos, momento en que la fiscalía presentará las pruebas que se utilizarán en la fase de juicio.
La fiscal Castillo destacó que por la gravedad del delito y por tratarse de fondos destinados a obras de carácter social no se han realizado acuerdos de pena.
En el caso del Programa de Desarrollo e Interés Social las investigaciones comenzaron en octubre de 2024 y la del Programa de Inversiones y Servicios Municipales, en julio de 2025.
