Un juez de garantías ordenó la detención preventiva de José Guillermo Salazar, implicado en un esquema de falsificación de documentos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), para la emisión y tramitación de créditos fiscales.
Salazar fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por agentes policiales cuando intentaba salir del país, pero, al mantener un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, fue aprehendido y llevado a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial.
El imputado mantiene cinco expedientes relacionados con la creación de documentos falsos de la DGI, con los cuales se obtenían créditos fiscales a favor de empresas fantasmas.
Según las investigaciones de la fiscalía, los documentos falsos ocasionaron fuertes pérdidas económicas a dos empresas aseguradoras que servían de respaldo para la obtención de los beneficios fiscales.
La actual administración de la DGI habría informado sobre irregularidades en créditos fiscales, relacionadas con la creación de documentos fraudulentos y la investigación de exfuncionarios por delitos como peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Estos casos involucran la autorización de créditos a empresas sin que tuvieran los requisitos necesarios.
Por este caso, ya se ordenó la detención del empresario Javier De Jesús Díaz, Stanley Leonard Brayan y Katiuska Escobar.
Estas personas fueron aprehendidas en operativos desarrollados en un apartamento del PH Windrose, ubicado frente a la iglesia San Francisco de la Caleta, en Coco del Mar y en Panamá Oeste.
Según las investigaciones, uno de los imputados fingió ser abogado para realizar gestiones ante la DGI para tramitar los créditos fiscales.
Las autoridades estiman que se trata de una red criminal organizada que ideó un esquema para defraudar al Estado a través de la tramitación de los créditos fiscales.
La fiscalía no descarta nuevas diligencias para dar con el paradero de otros presuntos implicados en este esquema delictivo.
Aún las autoridades no han cuantificado el monto del perjuicio ocasionado.
