Era domingo, 9 de noviembre, alrededor de las 2:00 p.m., cuando agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que patrullaban el Pacífico divisaron una embarcación sospechosa al suroeste de la isla San José, en el archipiélago de Las Perlas. El barco había zarpado días antes desde Juradó, en el departamento del Chocó, Colombia. En el casco principal llevaba escrito un nombre: Oceanic Tug. A simple vista parecía una nave de apoyo logístico, de las que remolcan o abastecen a otras embarcaciones en alta mar.
La escena la completaban otras cuatro lanchas que rodeaban al Oceanic Tug y se movían con una faena precisa. Cuando sus tripulantes notaron la presencia del Senan, desaparecieron. Huyeron para esquivar a los uniformados. Autoridades a cargo de las pesquisa presumen que planeaban recoger y distribuir la droga.
Los aeronavales abordaron el barco y confirmaron lo que intuían. En la cubierta encontraron 579 bultos apilados, expuestos al sol. Dentro de ellos había 13.5 toneladas de cocaína, un cargamento valorado en más de $200 millones. La carga se dirigía a México, pero su destino final era Estados Unidos.
Nadie intentó ocultarla. Ningún doble fondo, ningún compartimiento falso: la droga viajaba a la vista.
Diez hombres iban a bordo: cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano. Todos marinos. La mayoría tiene entre 70 y 73 años de edad.
Ninguno opuso resistencia cuando los agentes tomaron el control de la nave.
Del mar al tribunal
El martes 11 de noviembre, la juez Irene Cedeño ordenó la detención provisional de los 10 tripulantes e imputó cargos por tráfico internacional de drogas.
La Fiscalía de Drogas presentó los informes del Senan, las coordenadas del seguimiento y otras pruebas. La juez Cedeño consideró que las evidencias los vinculan directamente con el delito.
Y aparecen los abogados particulares
El Órgano Judicial había designado 10 defensores públicos para asistir a los acusados, pero la audiencia dio un giro inesperado.
Tres abogados particulares aparecieron en la sala y anunciaron que asumirían la defensa. Se trata de Roberto Moreno, Héctor Bonilla y Martha Restrepo.
Parte de los argumentos de la defensa gira en torno a que los marinos actuaron bajo amenaza. Alegan que hombres armados los obligaron a transportar la carga y los amenazaron con represalias si se negaban.
¿El Clan del Golfo?
Ni el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, ni el director del Senan, Luis de Gracia, han revelado quién controlaba las 13.5 toneladas de cocaína. Ahí radica la esencia de la investigación.
Tampoco han dicho quién es el propietario de la embarcación.
Durante la conferencia de prensa que se desarrolló después del operativo, un periodista preguntó si el cargamento pertenecía al Clan del Golfo. El fiscal y el director del Senan evitaron confirmarlo o negarlo.
El Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, tiene vínculos operativos con Panamá desde hace más de una década. Sus estructuras utilizan las costas del Pacífico panameño para mover cargamentos de droga a Centroamérica y México, aprovechando comunidades costeras aisladas y las dificultades para vigilar esa franja marítima.
Anteriormente, las autoridades judiciales de Panamá han identificado nexos entre grupos panameños y emisarios del clan dedicados a proveer combustible, alimentos y logística a las embarcaciones que cruzan el golfo de Chiriquí y el archipiélago de Las Perlas.
En este caso, los investigadores creen que la red tiene apoyo local. La rapidez con que aparecieron abogados particulares para representar a los detenidos en la audiencia con la juez Cedeño, refuerza esa hipótesis.
El barco y el empresario
La embarcación se llama Oceanic Tug y navega bajo bandera de Tanzania. Hasta ahora ninguna autoridad, de manera oficial, ha revelado quien es el dueño.
No obstante, el empresario panameño Pablo Torres Chong, presidente de la sociedad Dolphin Tug Inc, se desmarcó del caso. En un comunicado afirmó que vendió el barco en 2023, “cumpliendo con todas las formalidades correspondientes” y que la embarcación ya no está en el Registro Público de Naves de Panamá, trámite que, dijo, consta en los archivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Pablo Torres es primo del exdiputado Ricardo Torres, actual miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático y quien durante el quinquenio 2019-2024, fue uno de los parlamentarios más influyentes en el Legislativo y Ejecutivo; incluso fue jefe de bancada del PRD.
Un golpe al narcotráfico
El decomiso del Oceanic Tug representa uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en Panamá.
Según cifras del Senan, las fuerzas de seguridad han incautado más de 51 mil paquetes de droga en 115 operaciones realizadas en lo que va de 2025. La ruta del Pacífico sigue siendo la más activa para el tráfico de cocaína hacia el norte del continente.
Mientras los peritos examinan la droga y la embarcación, la Fiscalía de Drogas intenta reconstruir la ruta completa: quién envió el cargamento, quién debía recibirlo y qué redes locales colaboraron en la operación.
Los 10 tripulantes permanecen detenidos por orden judicial, mientras el Oceanic Tug continúa bajo custodia.
