En lo que va de 2021, el 58% de las víctimas de trata de personas rescatadas por el Ministerio de Seguridad fue sometido a lo que se conoce como explotación con fines laborales.
El último caso este año se conoció tras la implementación de la operación Emperador, en la que fueron rescatadas 10 víctimas nicaragüenses y una colombiana, quienes fueron obligadas a trabajar dentro de un local de producción de alimentos, sin recibir pago alguno, durante la pandemia de la Covid-19.
Dayra Campos Palacios, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, calificó lo que se viene observando con la trata de personas, con fines laborales o sexuales, como la “esclavitud moderna”.
Es decir, que mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño se somete a una persona para ser explotada laboral o sexualmente. “Ellos están siendo los esclavos del siglo XXI y eso no se puede permitir”, dijo.
Víctimas de explotación laboral contaron a La Prensa cómo fueron sometidas física y emocionalmente. Incluso, uno de los casos ocurrió dentro del proyecto estatal Techos de Esperanza.
Trata, la nueva esclavitud
Pablo y Marcelo fueron víctimas de lo que, para la Organización Internacional del Trabajo y para la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública, es la “esclavitud moderna”; es decir, que mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño se somete a una persona para ser explotada con fines laborales o sexuales.
En el país, el 58% de las víctimas de trata de personas identificadas este año fue sometido a explotación laboral y el restante 42%, a explotación sexual.
El último caso se conoció tras la implementación de la operación Emperador, en la que fueron rescatadas 10 víctimas nicaragüenses y una colombiana. Por este hecho, dos extranjeros fueron imputadas por la presunta comisión de delitos contra la humanidad en la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral.
Dentro del primer grupo estaba Pablo, quien hace unos dos años se aventuró desde su natal Nicaragua con el objetivo de tener una vida más próspera en Panamá, un país del cual escuchaba que contaba con el dólar y donde muchos sueños se podían hacer realidad. En su país, el salario mínimo promedio al mes es de $186.
Fue así como la persona que lo contrataría y que también sería su jefe le pagó el pasaje de Nicaragua a Panamá, para que trabajara en una fábrica de venta de empanadas al por mayor situada en el corregimiento de Bella Vista. El joven arribó a territorio panameño con su equipaje lleno de esperanzas, en febrero de 2019.
Inicialmente, como parte del trabajo, fue entrenado para preparar los guisos de las empanadas, pero luego también debía encargarse de hacer jugos, de la limpieza general, lavar las trampas de grasa, asear las mesas y la cocina. Pablo se encargaba de casi todo.
Con el paso del tiempo, el joven nicaragüense comenzó a conocer el verdadero rostro de su jefe, quien le quitó el pasaporte y en ocasiones le lanzaba al personal frases amenazantes. “Había momentos en los que nos decía que era intocable, aunque papito Dios bajara del cielo “.
En un principio, Pablo recibía un salario de $250 cada 15 días, $500 al mes, y sus jornadas laborales eran de 13 y hasta 15 horas por día. Sin embargo, el ya precario escenario se complicó desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, pues dejó de recibir su pago, mientras permanecía prácticamente encerrado en el negocio.
“Aún en pandemia, él [su jefe] continuaba vendiendo empanadas y nosotros seguimos trabajando. Incluso, aprovechó para ampliar el local en Bella Vista. Como estaba sin dinero, yo tenía que dormir dentro del sitio de trabajo”, narró.
Llegó un momento en el que, además de no pagarles, el propietario del negocio, cuando se retiraba del local, cerraba con llave la cocina y el área de producción con los empleados adentro. Instaló un sistema de cámaras para vigilarlos en caso que dejaran de trabajar.
Las extensas jornadas dejaron secuelas en la salud de los trabajadores. Varios de los amigos de Pablo sufrieron parálisis parcial en el rostro; a uno le cayó aceite caliente en un ojo y Pablo ahora vive con una alergia constante en la piel. Todo esto sin contar las heridas emocionales que hoy viven como consecuencia de esta mala experiencia.
Llegó abril de 2021 y Pablo ya no aguantaba más, por lo que aprovechó un día que su jefe dejó a una persona encargada y escapó. “Aproveché que había un cambio de turno y que la puerta estaba abierta. Una vez afuera del local, de forma inmediata, recibí la llamada de mi jefe, pero no le contesté y poco después presenté la denuncia”, contó a La Prensa.
Este caso todavía permanece en etapa de investigación y los acusados tienen medidas cautelares de impedimento de salida del país y arresto domiciliario. Así lo confirmó la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, que categorizó el caso como trata por las largas jornadas laborales y porque algunos trabajadores de la empresa descansaban solo una hora. Además, porque fueron sometidos a amenazas, maltrato físico y psicológico.
Eran 11 personas en el trabajo y solo tenían una silla para comer. Si se les quemaba una empanada, eran obligados a pagar 5. También, muchos reportaron síntomas de la Covid-19 y fueron obligados a laborar bajo esas condiciones. Aún así, el negocio continúa su operación de producción y comercialización de alimentos.
El calvario de un obrero
Hoy día, Marcelo acude a un psicólogo con el fin de sanar varias heridas emocionales. El hombre, de 40 años de edad, arribó hace cinco años al aeropuerto de Tocumen a eso de las 5:00 p.m., procedente de su natal Venezuela, luego que un conocido le ofreciera una oportunidad de empleo en el sector construcción.
De inmediato aceptó ante la crisis económica que atraviesa Venezuela. Tiene pocos recuerdos de su primer día en Panamá, pues el viaje fue en horas de la noche y no pudo identificar el sitio al que lo llevaron cuando arribó al país. Al día siguiente, se enteró que se encontraba en un lugar llamado Bahía Honda, en Macaracas de Los Santos.
Igualmente, no le prestó mucha atención, ya que su expectativa estaba puesta en su nuevo trabajo, el cual consistiría en construir viviendas como parte del proyecto Techos de Esperanza, programa que llevó a cabo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la pasada administración (2014-2019).
El venezolano fue contratado por la empresa Viking Solutions, cuyo propietario es también de nacionalidad venezolana y quien contactó a Marcelo antes de viajar a Panamá.
Según Marcelo, al mes de estar en este país, el dueño le quitó sus pasaportes. Con él trabajaban otros dos venezolanos y tres nicaragüenses.
Luego, fueron obligados a trabajar nueve meses por 20 horas diarias, sin días de descanso y sin recibir sueldo alguno. Los hombres dormían a la intemperie, recibían abuso físico y eran alimentados solo con pan y latas de sardina. En teoría, los trabajadores debían cobrar un porcentaje por cada casa terminada, lo que equivalía a unos $700 por estructura. Durante el tiempo que pasaron en la empresa, los obreros levantaron unas 25 casas, pero no vieron un centavo.
“Ya no aguantábamos esa vivencia, pero tampoco podíamos salir porque desconocía el lugar. Cuando reclamamos, nos amenazaron con armas de fuego. Desde el principio nos quitaron los pasaportes y nos tenían casi secuestrados”, detalló el joven venezolano.
Pasados los nueve meses, el patrón de Marcelo se fue del proyecto sin avisar y los dejó a su suerte. Los obreros vivieron de la caridad de la comunidad, ya que muchos de los pobladores se solidarizaron y les brindaron alimentos. Otros los contrataban para que hicieran trabajos en sus viviendas, hasta que lograron acudir al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a denunciar lo que les había ocurrido.
En medio de estos reclamos, Marcelo y sus amigos estuvieron varios meses encarcelados, acusados por supuesta extorsión a su antiguo empleador. Las investigaciones del Ministerio Público probaron que el reclamo de los trabajadores tenía sustento y era real, y fueron liberados.
Después de cinco años, Marcelo hace su análisis de lo que le sucedió. “Nos liberaron y nos pidieron disculpas las autoridades judiciales, argumentando que lo ocurrido, es decir, la detención, fue error. En Venezuela he visto vainas locas, pero lo que viví en Bahía Honda y en la prisión no tiene nombre”, contó.
Esto lo vivió el joven venezolano entre 2016 y 2019. Actualmente, el dueño de la empresa está prófugo, según la información que maneja Dayra Campos Palacios, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad.
Marcelo teme volver a Venezuela, porque su exfeje se podría estar escondido allí y atentar contra su vida. “Él me amenazó de muerte”.
La Prensa llamó cinco veces al número de Viking Solutions que aparece en el directorio a fin de solicitar su versión sobre la denuncia de Marcelo, pero no contestaron.
Esclavos del siglo XXI
Los casos de Pablo y Marcelo son muy bien conocidos por Campos Palacios, de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, organismo que actualmente le brinda apoyo a través de asistencia psicosocial, asesoría legal, asistencia médica y alojamiento, entre otro tipo de soporte.
Campos detalló que no es lo mismo un incumplimiento laboral, que puede ser resuelto en el Ministerio de Trabajo, y la explotación laboral, que entra como trata y de la cual fueron víctimas Pablo y Marcelo.
“Para que se constituya en un delito de trata, siempre habrán medios como las coacciones, les retienen sus documentos o los amenazan muerte”, acotó .
Para la funcionaria, el “crimen no paga” y aquel que cometa un delito debe ser castigado.
En lo que respecta a la población, instó a denunciar cualquier caso de explotación laboral o sexual a través del sitio www.tupista.org. Según advirtió, por cada persona que se rescata, hay otras 20 víctimas.
Por trabajo forzoso, el Código Penal de Panamá fija penas de entre 6 y 10 años de prisión, y si hay agravantes la condena aumenta de 10 a 15 años. Sobre la explotación sexual, las penas van de 15 a 20 años, y si hay agravantes, de 20 a 30 años.
De acuerdo con la opinión de Campos, la trata de personas es la nueva esclavitud: “las cadenas de las víctimas de trata de personas hoy día no son físicas o de hierro, sino mentales. Estamos hablando de una esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI. Ellos son vistos por los explotadores como una mercancía y eso no se puede permitir”.
(Los nombres de las víctimas son ficticios. Los verdaderos se omiten, para resguardar su seguridad).
