La lista de propiedades que tenía la red dedicada al tráfico de drogas, grupo que desmanteló la operación Fisher, es extensa. Una mansión con vista al mar, valorada en $1 millón; un apartamento de casi medio millón de dólares, en el corazón de la capital.
Tres residencias en La Chorrera, ubicadas en la urbanización Summer Hill. En ese mismo distrito también se detectó una casa en Montelimar, y una barbería. También se cuentan fincas en Cristóbal, provincia de Colón; al igual que en La Pintada, Coclé; y otra en Barrio Colón, La Chorrera. Esta última propiedad está valorada en $335 mil.
Hay más. Tres residencias en la comunidad de Nueva Providencia, en Colón. En una de ellas fue donde se encontró el caleto de $10 millones. Una empresa llamada Magna Pesca, que de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, era usada como pantalla para simular actividades relacionadas con la pesca.
Esta compañía tiene como presidente a José Luis General, el hombre que, de acuerdo con las autoridades, es el líder del grupo.
La fortuna de esta estructura criminal también estaba compuesta por cinco embarcaciones marítimas valoradas en $400 mil; medios de transporte con los que se simulaban faenas pesqueras y que a la vez eran usados para transportar droga.
Carros
Entre los bienes que tenía este grupo que colabora con el Clan del Golfo, de Colombia, hay 38 carros, que estaban a nombre de testaferros. Sobresalen un Audi, un Toyota tipo pick-up, y una camioneta, valorados en $132 mil. También se intervino una agencia de bienes raíces manejada por una abogada, quien era la encargada de la creación de sociedades anónimas. Fuentes ligadas a la investigación revelaron que esta semana la fiscalía práctico inspecciones oculares en algunas notarías, en busca información sobre este caso.
La audiencia
El pasado lunes 13 de diciembre, la jueza de garantías Teodolinda Cardoze, legalizó la aprehensión de estos bienes y $10 millones encontrados en el caleto. El hecho se dio en una audiencia de garantías en la sede del Primer Distrito Judicial, del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. En esa diligencia el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Joseph Díaz Calderón y la fiscal Johana Quiel. Mientras que 34 defensores técnicos particulares representaron a varios de los imputados. Por este caso se investiga a 56 personas que se encuentran imputados por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada, en calidad de autores. A 22 de ellos se les atribuyó, además, el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
El pasado 9 de diciembre, la jueza Cardoze ordenó la detención preventiva de 51 de los 56 imputados. Mientras que uno de los imputados, Xavier Bartuano, se acogió a un acuerdo de pena de 68 meses de prisión por el delito de asociación ilícita.
La operación Fisher está liderada por la Fiscalía Primera de Droga, quien empezó la pesquisa en febrero de 2020. Ese día (9 de diciembre), el fiscal Joseph Díaz aseguró que esta organización criminal era la responsable de la mayoría de la droga que llega a las costas panameñas.
Sin pasado delictivo
De acuerdo con el procurador general de la Nación (encargado), Javier Caraballo, la mayoría de los procesados no tenía antecedentes penales.
Añadió que esto hace que acumulen grandes cantidades de dinero y así ir estructurando grupos como el que desmantelado precisamente con la operación Fisher.
