La justicia boliviana ordenó a cinco ex jefes militares indemnizar con 1.1 millones de bolivianos ($158 mil) a unas 30 víctimas o familiares por una matanza en 2003 que desembocó en la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su posterior huida a Estados Unidos (EU).
El juez, Eduardo Gonzales, declaró probada la demanda planteada por 74 heridos y familiares de cinco fallecidos, quienes se distribuirán la suma establecida.
La violenta represión militar se produjo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde los habitantes rechazaron un intento de ese gobierno de exportar gas natural a EU, usando puertos de Chile, país al que se le reclama una salida al mar.
El fallo incluye a un exministro, aunque no se precisó su responsabilidad. Es la primera vez que la justicia boliviana fija un resarcimiento económico contra los exmilitares, quienes en 2011 fueron condenados a 10 y 15 años de prisión por violación de derechos humanos.
