Con un impedimento de salida del país y el reporte los días 15 y 30 de cada mes, culminó la audiencia de imputación de cargos al exfuncionario Julio Caballero, en el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, luego de que en su residencia se encontraran bolsas de comida del programa Panamá Solidario.
El fiscal de la causa y tras las pesquisas realizadas por el MP, solicitó al juez de garantías imputar cargos e imponerle medidas cautelares a Caballero, petición que fue acogida. Su abogado, Ángel Álvarez, aseguró ayer, tras salir de la audiencia, que se busca “destruir” la “buena labor” de los voluntarios del plan Panamá Solidario, entre ellos su cliente, razón por la que apeló. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue fijada para el 28 de julio, a las 10:30 a.m.
Por este mismo caso también están bajo investigación dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y otro del Ministerio de la Presidencia, a quienes se les impuso impedimento de salida del país.
El escándalo de las bolsas de comida del plan Panamá Solidario se conoció luego de que el medio digital Foco Panamá divulgara videos e imágenes de la descarga de bolsas de comida en la residencia de Caballero, quien para entonces era funcionario del Ministerio de Obras Públicas. En ese momento, la fiscalía capturó a Caballero, pero fue liberado ya que se cumplió el término de 48 horas para solicitar la audiencia para legalizar su aprehensión, sin que esta se llevara a cabo.
En medio del proceso, el Ministerio Público ha efectuado diligencias de inspección ocular en el Ministerio de la Presidencia y en el centro de convenciones Atlapa, lugar donde se elaboran las bolsas de Panamá Solidario.
Paralelamente a la pesquisa que sigue el Ministerio Público, la Fiscalía General Electoral abrió una investigación de oficio relacionada con las anomalías en el manejo de las bolsas de comida.
