Fernando Basurto, juez tercero liquidador de causas penales adjunto, se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el proceso seguido al exviceministro de Comercio, Luis Eduardo Camacho González; a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González; y a otras tres personas.
Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, en el proceso que guarda relación con el manejo de un call center para fines políticos que habría sido pagado con fondos públicos.
En una audiencia que se celebró el pasado martes 11 de enero, el fiscal anticorrupción Ariel Degracia solicitó la condena para las cinco personas. Los otros vinculados son Giancarlo Terán, Plinio Samaniego y Rodrigo Ureña.
La investigación se inició en 2014, tras las declaraciones de Giancarlo Terán, quien aseguró que recibía dos salarios: uno del Ministerio de Comercio e Industrias y otro de la Asamblea Nacional, pero que trabajaba en un call center del partido Cambio Democrático (CD), colectivo político que en ese momento estaba controlado por Ricardo Martinelli, quien administró el país entre 2009 y 2014.
#Ahora| Fiscalía de Descarga Anticorrupción solicitó condena para 5 personas, entre estos un exviceministro de Comercio (2012-2014), por delitos Contra la Administración Pública relacionados al caso Call Center. Juez Tercero Adjunto Liquidador se acogió al término para decidir. pic.twitter.com/XpLbXLETnP
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) January 12, 2022
Según Terán, el call center operaba en el edificio H2O de avenida Balboa, y en él se hacía proselitismo político en contra de opositores de CD. Terán, quien era uno de los supervisores del lugar, reveló en mayo de 2014 que el call center era dirigido por Salomón Shamah, quien en esa época era el administrador de la Autoridad de Turismo, y sus órdenes se cumplían por intermedio de María Cristina González, exdirectora de Migración. También contó que el gasto de funcionamiento del sitio era financiado con partidas de la Asamblea Nacional, y que su salario lo recibía del Ministerio de Comercio e Industrias.
La otra parte
Roniel Ortiz, defensor de María Cristina González, dijo que el juez de la causa debe resolver tres incidentes de prescripción de la acción penal, presentados a favor de su cliente, y el resto de los imputados. Según él, todos los delitos imputados en este caso están prescritos. Manifestó que este es el primer proceso iniciado durante la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) contra personas que trabajaron en el gobierno de Martinelli. A la vez, precisó que durante el juicio, Giancarlo Terán dijo haber sido presionado para declarar. Ortíz aseguró, además, que su cliente y varios de los imputados han pasado más de siete años con medidas cautelares que les restringen la movilización, “en abierta violación de sus derechos”.
Por su parte Camacho González, en su cuenta de Twitter, aseguró que en el juicio se demostró el uso del Ministerio Público para perseguir, y que un testigo de la fiscalía admitió haber sido coaccionado y le pidió excusas al juez.
La audiencia por este caso fue suspendida varias veces por la gran cantidad de recursos judiciales presentados por las partes.
En este twett, faltaron 3 cosas importantes: 1.En la audiencia @nbreakavasila destruyó teoría del MP. Se demostró categoricamente mi inocencia y como se uso al MP para perseguirme políticamente. 3.Testigo de Fiscalia, reconoció que fue coaccionado y pidió excusas al juez y a mi. https://t.co/CBrqUQONiJ
— Luis E. Camacho (@lcamacho17) January 12, 2022
