La sociedad Corporación de Energía del Istmo, presuntamente ligada a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli–, es señalada como parte de la trama de supuestos sobornos a cambio de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), depositados en la sociedad canasta Blue Apple, durante el quinquenio 2009-2014.
Al menos tres personas indagadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción señalaron que Corporación de Energía del Istmo habría recibido coimas de Rodsa, S.A., Bagatrac, S.A., Constructora Meco, Conalvías, S.A., GS Contractors y Concepto y Espacios, S.A., por contratos con el MOP.
Los contratistas entregaron los fondos –entre 5% y 10% del monto de los contratos– para supuestas “ayudas políticas”, que eran canalizadas a través de sociedades en bancos, según consta en la vista fiscal del proceso.
Blue Apple y la obligación de ayudas políticas al gobierno
La investigación por el pago de supuestos sobornos a cambio de contratos y facilidades para la ejecución de obras de infraestructura pública en el quinquenio 2009-2014, dejó al descubierto que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del entonces presidente Ricardo Martinelli– y Adolfo Chichi de Obarrio –secretario privado del exmandatario– presuntamente asignaban los montos a pagar por las empresas, como ayudas políticas, tras asignar los contratos a través del Ministerio de Obras Pública (MOP).
Así consta en la vista fiscal del proceso que siguió la Fiscalía Sexta Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad anónima Blue Apple.
La vista – enviada por la fiscalía al Juzgado Decimoctavo Penal el pasado 1 de septiembre de 2019, con solicitud de llamamiento a juicio para 59 personas– cita la declaración indagatoria de Jorge Churro Ruiz, exadministrador de contratos del MOP, quien aseguró que a finales de 2010 fue contactado por Ricardo Alberto Rica Martinelli Linares para que fuera a sus oficinas particulares en Monte Oscuro y allí le habló de una operación con empresarios que habían ganado contratos con el MOP, y le giró instrucciones para cobrar a Bagatrac, S.A., Constructora Rodsa, Constructora Meco, Conalvias, S.A., GS Contractors–Grupo Corporativo GS y Concepto y Espacios, un porcentaje del monto total de los contratos adjudicados para la ejecución de obras en diferentes partes del país.
En su declaración, Ruiz aseguró que Rica Martinelli le advirtió que si los contratistas no hacían el desembolso del dinero, las “cosas” se les dificultarían.
Además, relató que el hijo del entonces presidente le ordenó abrir una serie de cuentas en el extranjero para supuestamente depositar el dinero entregado por las empresas y le indicó que después le daría instrucciones de qué hacer con dichos fondos, por medio de la firma de abogados manejada por Mauricio Cort.
En sus descargos ante la fiscalía, Ruiz detalló que abrió dos cuentas a través de la firma de Cort: HB Engineering Corp. y Treasure Island Development, S.A., y que también envió dinero a otras sociedades, como Energy Corporation, Jiu Shun International y Quadrille Managemet Corp.
De acuerdo con la declaración de Ruiz –consignada en la vista fiscal– por estas sociedades transitaron, al menos, $9 millones.
“A mi, Rica Martinelli solo me daba el nombre del banco, el número [de la cuenta] y yo le pedía al Mizrachi Bank en Suiza que hiciera la transferencia”, explicó Ruíz.
Admitió que llevaba un archivo de cada contratista en una hoja de Excel con cuatro columnas, en las que precisaba la fecha, el monto a pagar por el contratista, los pagos realizados y el saldo pendiente. Dicho informe, indicó, se lo mostraba a Rica Martinelli.
La Sociedad Corporación de Energía del Istmo
La declaración de Churro Ruiz no es la única referencia a los dos hermanos Martinelli Linares que aparece en la vista fiscal.
La Corporación de Energía del Istmo, sociedad hidroeléctrica a la que se adjudicó un contrato para la construcción de una planta generadora en San Bartolo, en Veraguas, presuntamente ligada a los hermanos Martinelli Linares, aparece en la vista fiscal como parte del movimiento de dinero generado por el cobro de coimas de los contratos que tenían como destino la sociedad canasta Blue Apple.
Al rendir declaración indagatoria ante la fiscalía, el exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Factor Global Inc., Joaquín Rodríguez Salcedo, afirmó que Conalvias y Rodsa hicieron pagos directos desde sus cuentas a Corporación de Energía del Istmo.
Rodríguez Salcedo relató que el artífice de esa operación habría sido la firma del abogado Cort y que los depósitos obedecerían a comisiones que debían pagar las empresas por contratos con el MOP, durante la gestión del entonces ministro Jaime Ford.
La declaración de Rodríguez Salcedo es secundada por la de Federico Barrios Alain, representante legal de Blue Apple, quien aseguró que se giraron cheques de las sociedades Nightmare Overseas y Corporación Libuma, S.A. (dos sociedades canasta) a Corporación de Energía del Istmo, y que los cheques provenientes de los pagos de los contratistas –por $1.2 millones– habrían sido entregados en las oficinas de Cort.
Barrios Alain destacó que Cort quería un manto de licitud en la transacción e ideó un negocio de compra-venta de tierras. Entonces, se procedió a hacer un contrato para que fuera suscrito por Evelyn Vargas Reynaga, por Fundación Lemar como vendedora, y Génesis de Gracia, en representación de Corporación Libuma, como compradora.
Ese contrato presuntamente consistía en la compra-venta de acciones de la empresa Bosques Arrecifes y Corales del Atlántico, S.A., un proyecto turístico a desarrollarse en Colón, pero el cheque de la transacción debía hacerse a nombre de Corporación de Energía del Istmo.
Evelyn Vargas Reynaga, empleada de Importadora Ricamar y subalterna de Luis Enrique Martinelli Linares,señala a su jefe como supuesto dueño de la sociedad Fundación Lemar.
La fiscalía alega que las sociedades Libuma S.A., y Nightmare Overseas sirvieron para blanquear $4.2 millones a favor de Corporación de Energía del Istmo, a través de la sociedad Bosques Arrecifes y Corales del Atlántico, S.A.
En su indagatoria, Rodríguez Salcedo también vinculó al exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, con la presunta entrega de fondos provenientes de los contratos dados a las empresas.
Esto lo detalla Rodríguez Salcedo al mencionar -siempre según la vista fiscal- que Churro Ruiz le dio instrucciones a Barrios Alain para depositar dineros mediante transferencias internacionales a Malena Investment, sociedad ligada a Papadimitriu.
En tanto, Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa, refiere detalles de los pagos que habría realizado su empresa. Como prueba de ello, aportó tres cheques de gerencia de Global Bank por las sumas de $280 mil 517, $640 mil 973 y $1.9 millones a favor de Corporación de Energía del Istmo, depositados el 4 de febrero de 2014.
Tamburelli y De Obarrio
La investigación de la fiscalía también reveló la supuesta participación del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, y de Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Martinelli.
Su presunta participación surge de la declaración rendida por Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa, quien detalló que su empresa ganó un contrato para la ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario de Chitré y alrededores, en la provincia de Herrera, el cual fue ejecutado a través del PAN, pero que una vez refrendada la contratación recibió una llamada de Tamburelli, quien lo citó a las oficinas del PAN y -siempre según su relato a la fiscalía- le manifestó que debía darle un porcentaje del monto de la obra en concepto de “ayuda política”.
También relató que Tamburelli le diría el nombre de la empresa a la que debía hacer los pagos, que ascendían a unos $3.5 millones.
El contatista afirmó -según consta en la vista fiscal- que Tamburelli le entregó en un papel el nombre de las sociedades a través de las cuales se harían los pagos a Blue Apple y que Joaquín Rodríguez haría el trámite.
Tamburelli, en cambio, señaló que Juan Alexis Rodríguez propuso voluntariamente la entrega del dinero como ayuda política, y que informó de ello a Chichi De Obarrio, quien dio el visto bueno para realizar todas las transacciones a diferentes sociedades y que los presuntos beneficiarios finales fueron los exministros Papadimitriu y Frank De Lima, este último de Economía y Finanzas.
Este diario escribió a Carlos Carrillo, abogado de los hermanos Martinelli Linares, para que aportara su versión sobre los hechos descritos en la vista fiscal, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado.