El Juzgado Decimoquinto Penal declaró como causa compleja las investigaciones sobre la expedición de cheques pagados con fondos de la Asamblea Nacional, y concedió al Ministerio Público un término de 14 meses para culminarlas.
El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dio luz verde a la petición hecha por el fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica, quien solicitó la prórroga al considerar que por la multiplicidad de diligencias a realizar y el número de presuntos vinculados se necesitaba más tiempo para terminar las pesquisas.
Loaiza estima que el proceso puede ser considerado como causa compleja, ya que se trata de un delito con pena mínima de cinco años de prisión y, además, de una investigación por un delito contra la administración pública en perjuicio del Estado.
En este caso la posible lesión patrimonial se calcula en $113 millones 309 mil y hay 14 mil 976 personas identificadas y 87 mil 864 cheques.
El Juzgado 15° de Circuito Penal concedió la reapertura del caso el 5 de julio de 2019, luego de que la fiscalía recibiera un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el manejo de las contrataciones por servicios profesionales y donaciones realizadas por diputados de la Asamblea Nacional.
La Fiscalía Séptima Anticorrupción también adelanta una investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal en la Asamblea Nacional, pero que al mismo tiempo laboraban en empresas ligadas a algunos diputados.
El contralor, Federico Humbert, presentó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra los exdiputados de Cambio Democrático Aris de Ycaza y Mario Miller; Alfredo Pérez y Athenas Athanasiadis, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Jorge Alberto Rosas, del Partido Panameñista.
Según las denuncias presentadas por Humbert en estos casos se detectó a personas que aparecían en la planilla de la Asamblea Nacional, pero nunca se presentaban a sus puestos de trabajo.
Entre las irregularidades detectadas por la Controlaría también se descubrió que personas nombradas como promotores deportivos, así como difuntos, aparecían en las planillas. Otros que aparecían en las planillas ni siquiera sabían dónde está ubicada la Asamblea.
En agosto de 2019 la Contraloría entregó a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga 24 cajas con 174 tomos de auditorías relacionadas con irregularidades en el manejo de las planillas de la Asamblea Nacional.
Anteriormente, el 27 de febrero de 2018, la Contraloría entregó al Ministerio Público el resultado de 186 auditorías –repartidas en 220 cajas de cartón numeradas– relacionadas con el dinero que manejaron los diputados a través de juntas comunales y municipios del país. Esta investigación se encuentra radicada en el Juzgado Quinto Penal, el cual decidió solo tramitar los procesos relacionados con las juntas comunales de la provincia de Panamá y enviar a otras jurisdicciones lo relacionado con el resto de las juntas comunales del país.
