Hasta el pasado viernes 6 de agosto, la Cancillería no había recibido la solicitud de la jueza Baloisa Marquínez para gestionar ante Guatemala la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, procesados por el presunto pago de sobornos por parte de contratistas del Estado a funcionarios durante el gobierno de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Marquínez, que está a cargo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, informó sobre el pedido de extradición a Guatemala el pasado jueves 5 de agosto, durante el primer día de la audiencia preliminar del denominado caso Blue Apple.
El Ministerio Público inició la investigación del caso el 11 de septiembre de 2017 y un año más tarde, el 19 de septiembre de 2018, ordenó indagar a Luis Enrique Martinelli. Luego, el 11 de enero de 2019, hizo lo propio con Ricardo Alberto Martinelli. Ninguno de los hermanos ha comparecido al proceso.
El pasado 26 de abril, el Segundo Tribunal Superior ordenó cancelar una fianza de excarcelación de $5 millones concedida a Luis Enrique Martinelli Linares como parte del caso.
Asimismo, dispuso la devolución del dinero consignado a Aseguradora Ancón, S.A.
El tribunal también mantuvo la orden de detención de Luis Enrique Martinelli, expedida el 24 de septiembre de 2018 por la hoy desaparecida Fiscalía Sexta Anticorrupción.
El Ministerio Público sostiene que en este caso hay elementos para llevar a juicio a los 51 imputados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción, falsedad y asociación ilícita.
Según el fiscal Adecio Mojica, esto ha quedado en evidencia luego de que algunos imputados pidieron juicio abreviado. Cuando se invoca esta figura, dijo el fiscal, el imputado acepta los cargos y lo que busca es una reducción de la pena al aceptar su responsabilidad.
Sin embargo, los abogados de, al menos, 12 imputados han pedido su sobreseimiento definitivo alegando que la acusación presentada carece de pruebas fehacientes sobre la comisión de un hecho punible.
El abogado Luis Eduardo Camacho González, en representación de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, aseguró que se trata de un proceso levantado por miembros del Consejo de Seguridad Nacional en el pasado gobierno y enfatizó que el tribunal debe llamar la atención a la fiscalía por presentar un caso tan endeble y sin sustentación legal.
