La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de nulidad contra los decretos del Consejo de Gabinete que permiten equiparar la experiencia laboral con la formación académica para trabajar en la administración pública.
Con ello, la Sala Tercera ordenó la suspensión provisional de esos decretos –el 69 del 6 de agosto de 2019 y el 84 del 9 de septiembre de 2019–, mientras se decide el fondo de la demanda, interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño.
Así consta en un edicto publicado ayer en el mural de la Secretaría de la Sala Tercera, que lleva la firma del magistrado Efrén Tello, suplente de Luis Ramón Fábrega.
El fallo concluye que “la medida adoptada por el Consejo de Gabinete aparentemente pugna con el ordenamiento jurídico”, toda vez que la Constitución concibe la educación como un derecho y un deber de todos los panameños.
Además, plantea que “equiparar la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa, para lograr un ascenso o acceder a una posición en la esfera pública es tanto como promover que la educación en Panamá, de un deber para el ejercicio de una profesión, se convierta solo en una alternativa para quienes aspiren a trabajar en la administración pública”.
Asimismo, que la suspensión provisional de ambos decretos es procedente para evitar daños a la estructura organizativa de la administración pública.
En su demanda, Cedeño pidió la suspensión provisional de los decretos por los “perjuicios y el impacto” que, a su juicio, podrían ocasionar a la comunidad.
Según su opinión, ambas resoluciones de Gabinete pretenden “darle buenos cargos a personas empíricas” y permitirían ubicar en puestos de importancia en el sector público a personas sin la debida formación académica, una situación que, según recordó, también se produjo en la década de 1990, durante la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares.
Antes que Cedeño, otras voces en el país cuestionaron las resoluciones del Gabinete. Por ejemplo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) tildó la resolución 69 de “desacertada e inconveniente”.
“Equiparar la experiencia laboral con la educación formal es un grave retroceso para la modernización del Estado y la competitividad del país”, señaló entonces a través de un comunicado.
En la resolución 84, el Ejecutivo aclaró que la equiparación no aplica para los puestos en los que se requiera profesiones regidas por leyes especiales.