El Consejo Nacional de Refugio (Conare), comisión que evalúa las solicitudes de refugio en Colombia, rechazó la petición de asilo elevada por el empresario Mayer Mizrachi el jueves 23 de junio, bajo el argumento de que el solicitante se encuentra en proceso de ejecución de una medida de expulsión.
En el momento en que fue notificado, ayer a las 10:00 a.m., su abogado –en su representación, ya que él no acudió- pidió una prórroga del salvoconducto otorgado por la Cancillería colombiana la semana pasada. De esa manera busca seguir circulando en Bogotá sin el peligro de que Migración lo retenga y expulse a Panamá. Como su proceso sigue, la Cancillería le extenderá el salvoconducto.
Ahora, Mizrachi tiene 10 días hábiles para interponer la reposición o la apelación de la decisión.
La reposición consiste en pedirle a quien firmó el rechazo de la petición (el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry) que revoque la decisión, y la apelación estriba en pedirle al superior de quien firmó el documento, o sea, la canciller María Ángela Holguín, que la decisión sea revocada.
Un recurso no excluye el otro, por lo que Mizrachi Matalon podría presentar los dos recursos.
Mizrachi Matalon recobró su libertad el 22 de junio de 2016 sin ser puesto a disposición de Migración Colombia, a pesar de que una patrulla de esa entidad permaneció durante todo el día afuera del centro penitenciario La Picota, donde estaba recluido el panameño desde el 30 de diciembre de 2015.
Por esta situación hay una denuncia penal de Migración contra el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia; el director de la cárcel La Picota, quien ya fue relevado de su cargo, y un supuesto soborno por parte de Mizrachi hacia funcionarios de la cárcel están siendo investigado.
La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó abrir causa criminal a Mizrachi por supuestamente recibir dinero del Estado sin brindar el servicio pactado: instalar un software (Criptext) en la Autoridad de Innovación Gubernamental.
