Ocho agrupaciones de defensa de los derechos humanos, con sede en Estados Unidos, enviaron una carta al Gobierno de Guatemala en la que piden garantizar la seguridad de activistas que están hoy amenazados, y lograr avances concretos en la investigación de asesinatos de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.
Se refirieron especialmente a la pesquisa por las muertes de Rigoberto Lima Choc y Jeremy Barios Lima, asesinados en septiembre de 2015 y noviembre de 2016, respectivamente.
