El Ministerio Público (MP) pedirá al Juzgado Quinto Penal la reapertura de la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de millones de fondos públicos que diputados de la Asamblea Nacional (2009-2014) traspasaron a juntas comunales y municipios del país.
Fuentes del MP revelaron el procedimiento que se aplicará a las 186 auditorías entregadas por el contralor Federico Humbert, en las que se determinó que 70 diputados del periodo 2009-2014 —de los cuales 39 se reeligieron en mayo de 2014– transfirieron $247 millones a las juntas comunales y municipios.
En un fallo del 5 de mayo de 2015, el juez quinto penal, Enrique Paniza, dictó un sobreseimiento provisional de la investigación, precisamente en espera del informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
En esa época, el proceso adelantado por la Fiscalía Primera Anticorrupción giró en torno al presunto manejo irregular de $240 millones en 153 juntas comunales.
MP SEÑALA PASOS A SEGUIR, TRAS AUDITORÍAS A JUNTAS COMUNALES
El Ministerio Público (MP) remitirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los casos “contundentes” en que se cite a actuales diputados de la Asamblea Nacional dentro de los informes de auditoría que entregó la Contraloría General de la República sobre las transferencias millonarias efectuadas a juntas comunales y municipios entre 2009 y 2014.
Fuentes del MP explicaron el procedimiento que seguirá la entidad tras recibir el martes pasado las 186 auditorías de parte del contralor Federico Humbert, en las que se determinó que 70 diputados de la Asamblea correspondiente al quinquenio 2009-2014 –de los cuales 39 se reeligieron en mayo de 2014– transfirieron $247 millones a juntas comunales y municipios.
El contralor reveló que las auditorías determinaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; 7 del Molirena, $36.2 millones, y 10 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) recibieron $34.7 millones. Además, otros 10 diputados del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones y un diputado del Partido Popular manejó $492 mil.
Humbert enumeró irregularidades detectadas en las auditorías, como facturas falsas y falta de documentos para sustentar millones de dólares en transacciones.
En el MP explicaron que las auditorías serán remitidas a una Fiscalía Anticorrupción de Descarga para su análisis por funcionarios especializados en el tema.
Precisó que se efectuarán investigaciones adicionales en caso de que así lo requiera la información contenida en las auditorías. En esos casos, si también surgen vinculaciones con algún diputado de la Asamblea Nacional, de igual forma se remitirán a la CSJ.
Por mandato constitucional, la CSJ es la facultada para conocer de los casos penales contra los miembros de la Asamblea Nacional. En el caso de los exdiputados y particulares, el MP es el encargado de procesarlos.
Antes de remitir cualquier documento de este caso a la CSJ, el Ministerio Público solicitará una reapertura de la investigación al Juzgado Quinto Penal, que en mayo de 2015 dictó un sobreseimiento provisional de estas sumarias.
En ese fallo del juez Enrique Paniza se dejó claro que una vez fuesen aportados los informes de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría, la fiscalía podía solicitar la reapertura de la investigación para establecer las posibles responsabilidades penales.
En esa época, el proceso adelantado por la Fiscalía Primera Anticorrupción giró en torno al presunto manejo irregular de $240 millones a 153 juntas comunales. La investigación inició el 13 de junio de 2014, tras publicaciones de La Prensa sobre la reaparición de “partidas circuitales” manejadas por diputados a través de las juntas comunales.
