El Juzgado Octavo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa del secretario de la Asamblea Nacional Franz Wever contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en el proceso de compensación de buses, conocidos como “diablos rojos”.
El abogado Marco Salinas, en representación de Wever, presentó el citado recurso legal bajo el alegato de que su cliente fue llamado a indagatoria a pesar de tener fuero penal electoral.
Sin embargo, la jueza Leira Terán Turcios señaló que la defensa de Wever no advirtió en tiempo oportuno del fuero penal electoral de su cliente y que informó de dicha situación un día antes del vencimiento de esta prerrogativa.
A Wever -miembro del Partido Revolucionario Democrático- se le vincula con la investigación a raíz de la compensación del cupo SEL-275, correspondiente a un bus de la ruta Corredor-Ciudad Bolívar.
Por otro lado, el juzgado también negó un incidente de prescripción de la acción penal presentado por el abogado Vladimir Barrancos, en representación de Arturo Sam, Hernán Martínez e Israel Martínez, investigados en este proceso.
El juzgado rechazó el recurso por considerar que en este caso el término de prescripción no ha concluido.
El proceso fue declarado caso complejo en enero de 2019 y el juzgado concedió ocho meses de plazo a la fiscalía para concluir el caso.
Por este caso, la fiscalía ordenó ayer la detención de Eduardo Agudo, a quien se le compensó cinco cupos de buses por la suma de $375 mil en el año 2011.
La semana pasada, la fiscalía ordenó las indagatoria de Roberto Homsany, Carlos Arcia, Enrique Núñez, Lucía Miranda, Eduardo Álvarez y Einy Londoño.
Además, se condujo e indagó al candidato a diputado por la libre postulación en La Chorrera César Herrera.
Fuentes del Ministerio Público revelaron que desde la semana pasada acuden cerca de 90 personas a cumplir con diferentes diligencias dentro de este proceso.
La fiscalía ha imputado cargos en este proceso a 531 personas, de las cuales 281 han rendido indagatoria.
A un total de 12 personas se les ha ordenado detención preventiva y el juzgado que conoce la causa a concedido fianzas por un total $3 millones.
El Estado entregó indemnizaciones a 2 mil 649 propietarios de certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso de $94.8 millones. Se pagaron $25 mil por los “diablos rojos” de rutas troncales; $35 mil para los de rutas de corredor; $50 mil para los tipo coaster y $75 mil para buses de lujo.
La investigación de la fiscalía ha permitido establecer que algunos buses fueron compensados dos veces, y en otros casos se indemnizó por buses que en realidad eran chatarra y ya no circulaban.
