La Fiscalía Segunda Anticorrupción comprobó la comisión de delitos contra la administración pública en la operación de un call center situado en el edificio H2O de la avenida Balboa, que era usado para hacer campaña a favor del excandidato presidencial de Cambio Democrático (CD) José Domingo Arias, y contra sus contendores en los comicios del 4 de mayo.
La fiscal Lizzette Chevalier explicó que en la investigación también se confirmaron casos de servidores públicos empleados simultáneamente por empresas privadas.
Chevalier informó que, tras la constatación de los delitos, adelanta el proyecto de formulación de cargos contra los responsables.
A su juicio, en este caso hubo malversación de fondos del Estado, con los que se pagó al personal del centro de llamadas.
La investigación se inició a partir de una denuncia pública realizada por Giancarlo Terán, funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y a la vez supervisor en el call center.
Terán denunció a través de varios medios de comunicación social que el centro de llamadas era manejado con recursos procedentes de la Asamblea Nacional y que estaba a cargo de la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y del entonces administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.
Uno de los abogados de González, quien pidió no ser identificado pues no ha sido apoderado en este caso, aseguró que la exfuncionaria no está señalada legalmente en las sumarias y tampoco tiene relación con las irregularidades denunciadas.
Este diario también intentó obtener una versión de Shamah, pero no contestó las llamadas.
Quien sí respondió fue el exvocero del pasado gobierno y miembro de CD Luis Eduardo Camacho, quien negó que copartidarios de su partido usaran recursos del Estado en la campaña, aunque reconoció que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y actuar si se cometió algún delito.
