El fiscal electoral de Chiriquí José F. González, determinó ayer en una audiencia pública organizada por el Tribunal Electoral (TE) que Ceferino Rodríguez, representante de corregimiento impugnado de Quebrada de Piedra, en Tolé, Chiriquí, usó recursos del Estado a su favor en la pasada campaña electoral.
Así lo confirmó la parte demandante del proceso, contactada por este medio.Diana Montemayor, abogada de Héctor Montemayor, el impugnante, narró que la Fiscalía Electoral indicó que “se había acreditado el uso de recursos públicos a favor del candidato impugnado” y que depende del TE analizar la magnitud en qué esto afectaría el proceso electoral para determinar si proceden nuevas elecciones.
La abogada reiteró sus acusaciones por el supuesto uso de recursos estatales por $243 mil a través de cheques, entre enero de 2013 y mayo de 2014, a favor de la candidatura reeleccionista de Rodríguez.
La jurista contó además que uno de los testigos manifestó “que recibió bolsas con comida de parte del representante Ceferino Rodríguez y de la señora Ana Giselle Rosas”, diputada impugnada del circuito 4-6 (Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé) en Chiriquí.
Rodríguez fue postulado en alianza por los partidos Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
En la audiencia que se inició a las 9:00 a.m. y finalizó pasadas las 4:00 p.m. se escucharon testimonios y el informe de auditores internos del TE, quienes utilizaron datos recabados en diligencias exhibitorias realizadas con anterioridad por la institución en las juntas comunales de Quebrada de Piedra y en la de El Puerto, en el distrito de Remedios. Con motivo de este proceso, el TE también solicitó al Banco Nacional de Panamá información del movimiento de las cuentas bancarias de estas juntas comunales. El magistrado Eduardo Valdés Escoffery, ponente del caso, se acogió a los 30 días que contempla la ley para emitir un fallo.
El abogado de Rodríguez, Sidney Sittón, señaló que el fiscal electoral “no analizó pruebas y terminó solicitando algo sin entrar al análisis del expediente”. Manifestó que no le tiene “el más mínimo respeto” a la Fiscalía, calificando su alegato como un “eructo legal”.