ASAMBLEA NACIONAL

Denuncian a seis funcionarios por caso de donaciones

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana exige separar del cargo a cinco funcionarios de la Asamblea y uno municipal.

Denuncian a seis funcionarios por caso de donaciones
Diversas protestas se han realizado exigiendo a las autoridades una investigación a los diputados por las donaciones y contratos.

La Procuraduría General de la Nación recibió ayer una denuncia en contra de los funcionarios gestores de las donaciones y contratos supuestamente irregulares de la Asamblea Nacional.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana denunció a seis funcionarios incluidos en la investigación publicada durante la semana del 6 al 11 de marzo por este medio, y que guarda relación con el otorgamiento de donaciones, que en la mayoría de los casos no fueron recibidas por los beneficiarios y contratos por servicios profesionales que en ocasiones no fueron prestados.

Fueron denunciados, el coordinador de los trámites de donaciones y asesor de la Presidencia de la Asamblea, a cargo de Rubén De León, Teófilo Gálvez; Isabel Araúz, secretaria de la Presidencia de este órgano del Estado; Ismael Frías, asignado al despacho del diputado Juan Poveda, quien gestionó contratos temporales para su sobrino por casi $10 mil y cheques por miles de dólares para cubrir supuestas donaciones para gastos del hogar.

También fueron denunciados Marisela Araúz, de la oficina de fiscalización de la Contraloría dentro de la Asamblea —según la planilla de marzo del Órgano Legislativo— y Raúl Moreno, de la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales de la Asamblea, quienes ofrecieron donaciones y contratos por servicios profesionales por miles de dólares a terceros, que muchas veces no prestaron los servicios.

Finalmente, a Luis Cruz, secretario general del Municipio de Santiago (Veraguas), quien recibió $20 mil en donaciones para sufragar las fiestas de Santiago Apóstol según dijo, y otros $2 mil 400 para un viaje a China, se le denunció por “utilizar dineros públicos para fines distintos a sus funciones”.

Destaca la acción legal que la Dirección de Tesorería del Legislativo incumplió los procedimientos de control, lo que facilitó“la comisión del delito de peculado”.

Se trata de “actos para obtener beneficios económicos ilícitos de los recursos del Estado, lo que debe ser comprobado por el Ministerio Público en una investigación penal”, indica la acusación.

Esta es la cuarta denuncia interpuesta por este caso, las tres primeras, contra varios diputados, fueron rechazadas por la Corte Suprema.


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