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DICTADURA

Defensores de derechos humanos están indefensos

En Nicaragua se reprime, secuestra, condena, y ahora el Gobierno arremete contra quienes trabajan para hacer prevalecer los derechos ciudadanos.

Defensores de derechos humanos están indefensos
Defensores de derechos humanos están indefensos

En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los ataques a los defensores de los derechos humanos se incrementan, por lo que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) instó este fin de semana a la dictadura que los gobierna a cesar “toda forma de represión”.

El último ataque gubernamental fue contra María Oviedo, abogada de la oenegé Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a quien se le acusa de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad.

Oviedo es señalada de haber abofeteado al policía Óscar Danilo López, pero esta y sus defensores aseguran que actuó “como mujer empoderada”.

Esto, argumentan, porque el policía supuestamente violó los procedimientos al tocarla de manera indebida.

Al igual que el resto de defensores de derechos humanos en Nicaragua, Oviedo goza de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su protección, pero estas no han sido respetadas por la dictadura Ortega-Murillo.

Las autoridades han convenido que, en caso de resultar culpable, Oviedo pierda su licencia de abogada, lo que no se corresponde con las sentencias dedicadas a los delitos señalados, manifestó la CPDH.

Los miembros de la Alianza y de la CPDH aducen que la acusación es parte de una estrategia gubernamental para eliminar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

En un comunicado, la ACJD indicó que “el trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven en Nicaragua, donde se reprime, secuestra, condena y acusa por ejercer nuestros derechos ciudadanos”.

La oposición presiona por la renuncia de Ortega, que lleva 12 años en el poder y a quien acusan de actos de corrupción y de instaurar una dictadura familiar junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La crisis sociopolítica que afecta al país centroamericano desde abril del año pasado ha dejado hasta el momento 328 muertos, según la CIDH, que responsabiliza al Gobierno de cometer crímenes “de lesa humanidad” durante el conflicto.

(Con información de Confidencial y AFP)


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