A pesar de ser los creadores de la base de datos de la campaña del candidato presidencial José Domingo Arias que contiene información personal, laboral, política y familiar de todos los panameños, el gobernante de Cambio Democrático (CD) se ha contradicho una y otra vez sobre la confección de esta plataforma.
El último episodio de las discordancias del oficialismo tuvo como protagonista a Alma Cortés, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y subsecretaria de CD.
En una entrevista en Telemetro, la funcionaria reveló que hace poco su partido le solicitó al Tribunal Electoral (TE) que le facilitara el padrón electoral fotográfico en versión digital, ya que solo contaban con los documentos impresos.
La carta, dirigida al magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, tiene fecha del 12 de marzo de 2014, y explica que sin la versión digital “se complica el uso” del padrón electoral.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones el propio Arias aseguró que los datos de afiliación política y la fotografía que acompaña la información de todos los ciudadanos en su base de datos se obtuvo de este padrón electoral fotográfico.
La última vez que el abanderado del partido del presidente Ricardo Martinelli dio este argumento, fue durante una caminata en Panamá Viejo el pasado 13 de marzo. Es decir, un día después de la solicitud que hizo el partido al TE.
“Surge del padrón electoral que el TE suministra a solicitud de todos los partidos”, manifestó también el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
Esta no es la primera vez que miembros del oficialismo difieren al explicar la plataforma de Arias, denunciada por el TE ante la Procuraduría General de la Nación por considerar que plagiaron información confidencial.
La propia Cortés aseguró, en febrero pasado, que la información sensible en el sitio era investigada ya que podía ser producto de un hackeo (delito cibernético). Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación del Estado, afirmó entonces que esa información se recopiló mediante entrevistas.
DE ACUSANTE A ACUSADO
Luego de la denuncia del TE ante la Procuraduría, la institución que dirige Ana Belfon solicitó que se expliquen las facultades legales que permiten la existencia del Servicio de Verificación de Identidad (SVI), que es utilizado por organismos financieros para consultas individuales con el fin de evitar fraude de identidad.
Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, afirmó que espera que “con esa misma diligencia que se pretende determinar si se tienen facultades legales o no se practiquen las que corresponden a una denuncia”. Además, Pinilla afirmó que el dinero recaudado al permitir estas consultas van al fondo de funcionamiento del TE, regulado por el presupuesto general de la nación. “Quien lo ponga en duda parece que no está acostumbrado al manejo transparente de los fondos públicos”, dijo.
