La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia consideró que el procurador de la Administración, Rigoberto González, puede emitir su opinión con respecto a la viabilidad jurídica o no de la suspensión de los pagos de la planilla 080 de la Asamblea Nacional, por parte de la Contraloría General de la República.
De esta manera, la Sala Tercera resolvió un recurso que interpuso González para que se le declarase impedido de conocer el caso, ya que alegó que previamente atendió una consulta del contralor Federico Humbert sobre el mismo tema.
González, al conocer la decisión de la Sala Tercera, informó que procederá a emitir su opinión respecto a la medida que aplicó la Contraloría contra la planilla 080 de la Asamblea, que es la que contiene al personal de confianza asignado a los diputados.
El abogado Carlos Carrillo, en representación de la Asamblea Nacional, pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronunciara sobre la viabilidad de la orden de suspensión de la planilla 080 ordenada por Humbert.
El pasado 5 de junio, el contralor suspendió los pagos, luego de que no se le permitiera la entrada a un equipo de auditores de la Contraloría.
Carrillo, en representación de la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada de oposición Yanibel Ábrego, presentó un amparo de garantías constitucionales, que fue admitido por el magistrado Cecilio Cedalise, quien actúa como ponente. La sala la completan Luis Ramón Fábrega y Abel Zamorano.
Cedalise advirtió que dicha admisión no tenía un efecto suspensivo sobre la orden de la Contraloría.
El amparo aduce que el contralor no notificó con anticipación a Ábrego de que estaba efectuando una investigación concomitante de la planilla 080.
Humbert también recurrió a la Corte, pero para denunciar penalmente a Ábrego, por presuntamente violar funciones constitucionales de la Contraloría al impedir la auditoría forense.
Esta denuncia no fue admitida por los magistrados.
