El Congreso de los Diputados de España instó ayer al Gobierno a que reanude la aplicación de la legislación sobre la memoria histórica, que incluye la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La propuesta, que implicaría mover los restos de Franco del mausoleo financiado por el Estado, no es vinculante y el Gobierno es probable que se resista como ha sucedido hasta ahora y cuyos diputados se abstuvieron en la votación parlamentaria.
De los 339 diputados presentes en el pleno del Congreso, 198 -de los partidos opositores de izquierda y de centro- votaron a favor, 1 en contra y 140 se abstuvieron ante una propuesta que promueve además la recuperación de miles de cadáveres que estarían en fosas en toda España.
La aplicación de la ley de la memoria histórica, aprobada por el gobierno socialista en 2007, ha sido minoritaria en un país en el que aún hay calles y plazas que llevan el nombre de Franco o ensalzan el alzamiento militar que dio lugar a la guerra civil (1936-1939).
La iniciativa pide reconvertir al Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en un lugar para la reconciliación. Fue construido por presos del bando vencido y allí están enterrados Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Según la propuesta, planteada por el Partido Socialista Obrero Español, el Gobierno debería “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos”, además de reubicar los de Primo de Rivera a un lugar no destacado del edificio.
