El Congreso de Guatemala optó por mantener los privilegios a funcionarios públicos al negarse a modificar la Constitución. Con 77 votos a favor, de 105 necesarios –de un total de 158 parlamentarios–, no fue posible aprobar la reforma que pretendía que los funcionarios que gozan del privilegio de antejuicio y que sean acusados de algún delito pudieran ser investigados por la fiscalía.
Decenas de ciudadanos gritaban “¡Corruptos!”, y “¡Queremos 105 votos!”, mientras los diputados votaron por no aprobar al menos tres artículos de las 25 reformas que con apoyo del gobierno presentaron el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Procuraduría de Derechos Humanos, a fin de cambiar el sistema de justicia y luego de que 2015 y 2016 fueron años clave en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema.
