La aprobación del Código de Procedimiento Tributario pretende ampliar las garantías de los contribuyentes y reducir el tiempo de la resolución de expedientes por parte de la autoridad fiscal.
En el texto, que fue aprobado en segundo debate el pasado miércoles y que entraría en vigor en 2020, se introducen algunos mecanismos para agilizar los procesos. Se nombrarán siete jueces administrativos tributarios para ver los recursos de reconsideración y, en determinados impuestos, los casos podrán ser llevados a un arbitraje, en el que deben ser resueltos con mayor celeridad que en la Corte Suprema de Justicia.
Además, el contribuyente recibirá intereses si la Dirección General de Ingresos (DGI) demora más de un año en hacer una devolución a la que tiene derecho.
Los impuestos directos prescribirán a los 5 años y los indirectos a los 12.
