En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de las sumarias seguidas al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por el delito de abuso de autoridad al ordenar la suspensión de la telefonía celular en las comunidades de San Félix (Chiriquí) y Vigui (Veraguas), en febrero de 2012 durante una serie de protestas de grupos indígenas.
Según el fallo de la Corte, en este caso no se aportó la prueba sumaria que acreditara que Mulino fuera la persona que expidió la orden para la suspensión de las comunicaciones por celular.
El fallo señala que es necesario precisar la existencia de una orden emitida directamente por el ministro Mulino para poder iniciar algún tipo de investigación por este delito.
La denuncia contra Mulino fue presentada por los abogados Víctor Bustamante y Luis Daniel Ferreira, quienes aportaron como pruebas ediciones del diario La Prensa en las que se recogen declaraciones de Mulino, en las cuales acepta haber dado la orden de suspender las comunicaciones telefónicas en estas comunidades, a raíz de las protestas de los indígenas.
En la nota, publicada el 6 de febrero de 2012, Mulino justificó el corte basado en el argumento de que tenían información de inteligencia que daba cuenta de posibles ataques de manifestantes contra torres de empresas de telefonía celular en la zona.
Señaló además, que la suspensión del servicio afectó las comunicaciones de la Policía Nacional, pero también sirvió para evitar coordinaciones y manipulaciones políticas de grupos de oposición que están detrás de estos hechos.
Los denunciantes plantearon que las acciones de Mulino fueron violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a las comunicaciones y la libertad de expresión.
Las protestas se generaron por el desarrollo de proyectos mineros en la región.
