Transcurrido un año desde que el Juzgado Duodécimo Penal validó acuerdos de colaboración eficaz pactados por el Ministerio Público con tres directivos de Odebrecht –André Luiz Campos Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares–, las pesquisas de la Fiscalía Especial Anticorrupción se enfocan ahora en descifrar el entramado financiero usado por la constructora para el pago de los sobornos.
Fuentes ligadas con las investigaciones revelaron, asimismo, que la fiscalía procesa información recopilada gracias a asistencias judiciales e intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con las autoridades judiciales de Brasil, Andorra, Suiza, Bahamas, Uruguay y España, entre otros países.
En los últimos meses, la fiscalía ha ampliado las líneas de investigación del caso –inicialmente concentradas en el quinquenio 2009-2014– hasta el periodo 2004-2009, cuando la constructora brasileña se adjudicó contratos para desarrollar varias obras, entre ellas, las primeras fases de la cinta costera y el proyecto de riego Remigio Rojas, en Chiriquí.
En agosto pasado, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, declaró que la fiscalía podría remitir al juzgado la vista fiscal del caso antes que finalice 2018.
El plazo de un año que el Segundo Tribunal Superior dio a la fiscalía para culminar las pesquisas vence en abril de 2019.
