Las autoridades políticas y judiciales de España endurecieron ayer el tono contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación públicos, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.
“Los que participen en un referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (...) y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace”, subrayó el portavoz el gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.
Al admitir el pasado jueves cuatro recursos del Gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948 alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación.
El Constitucional llamó a acatar su decisión so pena de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el Gobierno de España.
“No va a haber suficiente papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la mitad de la sociedad catalana”, fustigó Lluis Corominas, presidente del grupo parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el Sí.
