La comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomó ayer el primer debate del proyecto de ley 591, que reforma el Código Penal para incluir el delito de evasión fiscal, que además será considerado como precedente o previo al blanqueo de capitales.
El proyecto fue presentado originalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de este año. En abril se abrió el primer debate, pero no recibió el apoyo político para avanzar y desde entonces no se había tratado.
La comisión escuchó ayer los testimonios de representantes del Gobierno y del sector privado.
Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), dijo que la aprobación del proyecto de ley “es de enorme importancia”, ya que en julio del próximo año el país podría ser incluido nuevamente en la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que identifica a los países con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Gasteazoro recordó que entre 2014 y 2016, cuando Panamá estuvo en la lista, el centro bancario perdió 74 líneas de corresponsalía con bancos internacionales, situación que podría repetirse si Panamá entra en la lista nuevamente.
El proyecto contempla penas de prisión de dos a cinco años por la defraudación fiscal, pero Gasteazoro comentó que se modificará a una pena de dos a cuatro años. Además, las multas, que originalmente eran de 10 veces el monto defraudado, se rebajarán a un rango de 1 a 3 veces.
Se mantienen en el proyecto la posibilidad de evitar la cárcel si se resarce la suma evadida y el rol del Tribunal Administrativo Tributario, que recibirá de la Dirección General de Ingresos (DGI) los eventuales casos de fraude para decidir si presenta una denuncia en el Ministerio Público.
La evasión, además, será considerada como un delito precedente de blanqueo de capitales. En caso de comprobarse el lavado, la pena sería de 5 a 12 años, sanción que pidieron rebajar representantes de gremios empresariales.
El presidente de la comisión, Rubén de León, decretó un receso y pidió a las partes que presenten formalmente sus propuestas de modificaciones para retomar el debate la próxima semana.
