La líder social argentina Milagro Sala volvió a ser encarcelada por orden de la justicia, que en septiembre pasado revocó una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la que pasó varias semanas en arresto domiciliario.
Sala fue trasladada el pasado sábado a la misma prisión de la provincia de Jujuy adonde pasó 20 meses en prisión preventiva acusada de presunta malversación de fondos. El 31 de agosto le había sido concedido el arresto domiciliario por presión internacional.
“Este traslado intempestivo no notificado, sin dudas, es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Esto es un retroceso”, dijo el presidente de ese organismo Francisco Eguiguren, a FM La Patriada.
Advirtió de que “los reglamentos prevén que cuando una medida no está siendo acatada, además de poder insistir en su cumplimiento, siempre cabe la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana”.
Sala es una líder social indígena enfrentada con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, querellante en varias causas en su contra y aliado del presidente Mauricio Macri. La justicia la investiga por amenazas y presunta malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado su liberación al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La justicia revocó el beneficio de prisión domiciliaria por “incumplir” las condiciones de detención al alegar que omitió un control de salud al que debía someterse el pasado viernes.
“La causa principal por la que se le había otorgado la prisión domiciliaria fue el cuidado de su salud e integridad física. Ante la obstaculización de cumplirlo, el juez se presentó en el domicilio y procedió a su traslado al penal”, explicó al canal TN Pablo Ponce, jefe de Comunicación del Poder Judicial jujeño.
La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró que “lo que han hecho es un secuestro. La orden es de una ilegalidad absoluta”. El fiscal del caso, Sergio Lello, desechó por “irrisoria” tal acusación.
El ministro de Justicia, Claudio Avruj, señaló que el Ejecutivo “está analizando” la decisión judicial. “Es un juez independiente que toma una decisión en el marco de sus competencias”, alegó.
La expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández viuda de Kirchner afirmó el pasado sábado que Sala “fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente” a la prisión. La defensa denunció que la mujer fue retirada de la casa descalza y en pijamas.
