Hoy por Hoy 2003/07/20

En cualquier sistema democrático resulta obvio que el ocupar cargos en el Estado exige no solo ser idóneo en el conocimiento específico requerido para el puesto, sino también moralmente. Una de las pruebas de honestidad es, precisamente, poder mostrar con tranquilidad el patrimonio y las fuentes de su eventual incremento. El requerimiento de que los funcionarios presenten una declaración jurada de sus bienes al entrar y luego al abandonar sus cargos brinda transparencia a la función pública y ayuda a combatir la corrupción. Considerando la cantidad de casos y denuncias de gestión dudosa y de enriquecimiento sospechoso de funcionarios, este requisito es un instrumento importante que debe contribuir al saneamiento de la administración. Corresponde al contralor general de la República velar para que este procedimiento se cumpla, y la declaración se haga pública, especialmente en una administración empañada por actos de nepotismo, clientelismo, sobornos y manipulación a los otros órganos del Estado.